La Defensoría del Pueblo publicó la Alerta Temprana 012-2025 en la capital del Valle del Cauca, señalando riesgos derivados de la convergencia entre grupos armados, organizaciones criminales locales y actores transnacionales que fortalecen economías ilícitas.
La advertencia se conoció cinco días después del atentado con carro bomba ocurrido cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, el 21 de agosto, que dejó seis muertos y al menos 85 heridos.
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El documento detalla que la situación en Cali responde a una combinación de factores que aumentan la vulnerabilidad de la población civil, en un escenario que la entidad describe como de “conflicto híbrido”. La alerta incluye 34 recomendaciones dirigidas a instituciones locales, departamentales y nacionales para mitigar los riesgos y reforzar la protección de la ciudadanía.
Factores que configuran el escenario de riesgo
El primer elemento identificado en la alerta temprana es el accionar de estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las extintas Farc adscritas al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y el Ejército Gaitanista de Colombia. Estas organizaciones tienen presencia activa en corredores estratégicos que conectan la zona urbana de Cali con municipios del litoral Pacífico y con regiones del suroccidente colombiano.
El segundo factor corresponde a la actividad de estructuras criminales locales y regionales, entre las que se mencionan a los Shottas, Espartanos, La Oficina y La Inmaculada, además de organizaciones externas que operan desde el Chocó y otras áreas vecinas.
La alerta también señala la injerencia de carteles mexicanos y del grupo venezolano Tren de Aragua, lo que refuerza la complejidad del panorama de seguridad en la ciudad. “La articulación entre estos actores configura un escenario de riesgo alto para la población civil, donde confluyen economías ilegales como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilícita y el tráfico de armas”, advirtió la Defensoría en el documento.
El tercer aspecto descrito son las redes que conectan a los grupos armados con organizaciones criminales locales y transnacionales, a través de alianzas logísticas, financieras y políticas. Según el informe, estas dinámicas tienen efectos directos sobre la vida, integridad y seguridad de los habitantes de la capital del Valle.
Población más vulnerable y zonas en riesgo
La Defensoría indicó que la población en riesgo incluye líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que habitan en zonas periféricas y en la ladera de Cali. Asimismo, se advierte sobre amenazas específicas contra jóvenes, mujeres, población migrante y personas privadas de la libertad.
En cuanto a la ubicación geográfica, el informe identifica como áreas críticas las comunas 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, así como corregimientos rurales como Montebello, Navarro, Golondrinas, Pance, La Leonera, Los Andes y Villacarmelo. Estas zonas se encuentran en medio de disputas por el control de corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas y otras economías ilegales.
“Las confrontaciones armadas y la presión de actores ilegales han derivado en confinamientos, desplazamientos intraurbanos y reclutamiento forzado de menores de edad”, señala la alerta.
34 recomendaciones de la Defensoría
El documento plantea 34 medidas urgentes dirigidas a diferentes instituciones del Estado. En resumen, a la Alcaldía de Cali se le solicita diseñar un plan integral de seguridad y reforzar la protección de líderes, víctimas de desplazamiento y jóvenes en riesgo, además de ampliar la cobertura en salud y programas sociales en las comunas priorizadas.
A la Gobernación del Valle del Cauca se le recomienda apoyar planes de seguridad metropolitana, fortalecer programas de prevención de violencia basada en género, destinar recursos para asistencia humanitaria y desarrollar acciones diferenciales para comunidades afrodescendientes e indígenas.
En cuanto a la fuerza pública, la alerta propone incrementar la presencia territorial en barrios y corregimientos críticos, patrullar corredores estratégicos, fortalecer labores de inteligencia y asegurar que las operaciones garanticen la protección de la población civil.
Las entidades nacionales también tienen responsabilidades: el Ministerio del Interior debe coordinar planes de protección colectiva; el de Defensa, reforzar recursos operativos; el de Educación y el Icbf, implementar medidas para prevenir el reclutamiento forzado y garantizar la permanencia escolar; el Ministerio de Salud, asegurar atención en salud física y mental; la Unidad para las Víctimas, ampliar la cobertura de atención en Cali; la Fiscalía, priorizar investigaciones sobre atentados y amenazas; y la Unidad Nacional de Protección, reforzar esquemas de seguridad a líderes sociales.
La Defensoría incluyó además recomendaciones para Migración Colombia, la Procuraduría y la Contraloría, con el fin de atender a la población migrante, ejercer control preventivo y garantizar que las medidas adoptadas se implementen efectivamente.
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