
En varias zonas del país empezaron a instalarse vallas con un mensaje que generó amplias discusiones en el escenario político: “Vive el antipetrismo”. La frase corresponde a una estrategia de un sector del Partido Liberal que busca dejar en claro su posición frente al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y a cualquier aspirante que reciba el respaldo del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
Las primeras piezas publicitarias aparecieron en el departamento de Santander, desde allí, el encargado de liderar la campaña fue Miguel Ángel Sánchez, exsecretario del Partido Liberal y actual codirector de la colectividad en esa región. Según conoció Publimetro, la iniciativa se extenderá en los primeros días de septiembre a otras ciudades y municipios del país, con el objetivo de replicar el mismo mensaje.
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Sánchez confirmó su participación en la organización de esta movida política y defendió la iniciativa como un mecanismo para demostrar que un sector de los liberales no comparte las decisiones ni el rumbo del Gobierno actual. La colocación de las vallas en Santander coincide con la expectativa por la visita del presidente Petro a la región, lo que incrementa la atención sobre la campaña.

El lema “vive el antipetrismo” busca enviar un mensaje contundente de distancia con el Ejecutivo. El sector del Partido Liberal que impulsa esta estrategia sostiene que no respalda las políticas del presidente ni apoyará a su colectividad en el próximo proceso electoral. Con la instalación de las vallas, los responsables pretenden visibilizar un distanciamiento que se ha profundizado durante los últimos meses.
El apoyo inicial de los liberales permitió la agenda legislativa de Petro
La colectividad política, bajo la dirección de César Gaviria, tiene una relación marcada por las diferencias con el actual Gobierno. El Partido Liberal jugó un papel fundamental en la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022. Aunque no formaba parte de la coalición original del Pacto Histórico, se declaró “partido de Gobierno” poco después de las elecciones, brindando un apoyo crucial a la agenda legislativa del jefe de Estado.
Con 14 senadores y 33 representantes a la Cámara, el respaldo liberal le otorgó a Petro una mayoría sólida en el Congreso, algo que no había conseguido con los escaños del Pacto Histórico únicamente. Esta alianza fue un factor determinante para que el gobierno pudiera comenzar a tramitar sus reformas clave, como la de la salud, la pensional y la laboral.

Las relaciones se quebraron rápidamente entre el partido y el presidente
Sin embargo, el distanciamiento no tardó en llegar, principalmente por las diferencias en torno a las reformas, ese quiebre se formalizó en 2023, cuando el Partido Liberal se declaró en independencia del gobierno de Petro. Esta nueva posición marcó un punto de inflexión, ya que el partido pasó de ser un aliado estratégico a un actor independiente que evaluaría cada proyecto de ley del gobierno según su propio criterio.
Esto obligó a Petro a buscar nuevos consensos con otras fuerzas políticas o con sectores del mismo Partido Liberal que se mostraron dispuestos a negociar, perdiendo así la mayoría que había logrado construir al inicio de su mandato. El Partido Liberal se ha mantenido en esta posición, votando a favor o en contra de las iniciativas del gobierno, y demostrando su autonomía frente al poder ejecutivo.
De hecho, en enero de 2025, el partido anunció su declaración de independencia, una decisión que fue presentada como respuesta a lo que calificaron como una crisis institucional y de gobernabilidad. Según comunicados oficiales, las tensiones con el Ejecutivo se acentuaron por desacuerdos en reformas, conflictos diplomáticos y denuncias de corrupción.

Durante su gestión como jefe del partido, Gaviria señaló en repetidas ocasiones sus reparos a las decisiones presidenciales. En una de sus intervenciones afirmó que se trataba de un “autoritarismo sin precedentes” y acusó al Gobierno de querer imponer una “constitución Petro” que desconocía los principios de la Carta Magna de 1991. También denunció la aplicación de mecanismos de “expropiación indirecta” mediante decretos y resoluciones.
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