El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció que actualmente enfrenta un embargo de su sueldo y de un apartamento en Bogotá como resultado de una sentencia judicial emitida el 8 de mayo del 2025.
El funcionario confirmó la información publicada en redes sociales, durante la última semana del mes de agosto, y agregó que no recibirá su salario hasta que el proceso concluya. Jaramillo señaló que, por tratarse de un “tema personal”, no hará más comentarios públicos sobre el caso.
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La situación judicial del ministro surgió, como conoció La Silla Vacía, tras una demanda interpuesta por la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), la cual reclama el pago de 1.154 millones de pesos por servicios de transporte durante la campaña al Senado por el Pacto Histórico, en la que Jaramillo se desempeñó como gerente. Los vuelos contratados beneficiaron a 19 candidatos que finalmente obtuvieron curul.
El historial administrativo de Jaramillo ha sido objeto de cuestionamientos en varias ocasiones. El representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) lo acusó de supuesta financiación irregular tras no cumplir la orden de la Corte Constitucional respecto a los presupuestos máximos permitidos en campaña.
Embargos y demandas por deudas de campaña salpican también a Ricardo Roa
La reciente confirmación del embargo de salario y bienes al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dejó al descubierto el alcance judicial de las deudas contraídas por la campaña presidencial y de Senado del Pacto Histórico en 2022.
Un hilo de La Silla Vacía en X (antes Twitter) reveló que, además de la situación de Jaramillo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, enfrenta el embargo de cuatro propiedades por el mismo proceso.
La demanda principal provino de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), que reclama más de 2.253 millones de pesos por servicios de transporte aéreo prestados a la campaña de Gustavo Petro y los candidatos al Congreso del Pacto en 2022.
Por estos vuelos, Sadi presentó en marzo de ese año una factura de 1.109 millones de pesos, en la que también Roa —entonces gerente de la campaña presidencial— figuró formalmente como comprador. Ese valor fue radicado ante la Dian y entró en cuentas por pagar.
Habitualmente, estas deudas se cubren con la reposición de votos o ingresos de partidos, pero en este caso no se saldó. Por ello, en noviembre de 2024, Sadi demandó a Roa.
Un juzgado civil de Bogotá admitió la demanda y dictó un mandamiento de pago por 1.109 millones más intereses; al no responder Roa, el juez ordenó el embargo de cuatro propiedades a su nombre: un apartamento adquirido en 2016 por 160 millones, otro en el sector de Chicó de 2010 por 270 millones, un lote en Zipaquirá de 700 millones y un apartamento comprado en 2022 por 1.800 millones.
Este último, comprado a una empresa del sector minero y de hidrocarburos, motivó la apertura de una investigación de la Procuraduría General por aparente conflicto de intereses dada su labor al frente de Ecopetrol. No se descarta que estos bienes sean rematados para responder por la deuda.
En paralelo, la segunda demanda de Sadi contra Jaramillo es por 1.154 millones de pesos en servicios de transporte para la campaña al Senado del Pacto Histórico, campaña que gerenció.
Los gastos fueron desagregados para 19 candidatos resultando finalmente elegidos. En mayo de 2025, un juez de Bogotá ordenó el embargo de su salario como ministro de Salud y también la medida cautelar sobre un apartamento en Bogotá vinculado al ministro y su familia.
Ambos procesos comenzaron al evidenciarse que la campaña había hecho uso de vuelos para movilizar a Gustavo Petro y los candidatos entre febrero y marzo de 2022, así como entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Además de la deuda principal, La Silla Vacía detalló que, según la ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que propone sancionar la campaña de Petro —con Roa en primer lugar—, existen “indicios de manipulación en el pago por servicios de transporte aéreo”.
La ponencia señala que, durante la revisión, quedaron evidencias de anulación de facturas y disminución de conceptos inicialmente facturados, lo que para el CNE puede corresponder a una “posible manipulación de cifras” para no exceder el límite de los gastos de campaña. Los negocios con Sadi también han sido objeto de investigaciones formales por parte del CNE.
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