El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, anunció una operación clave en Caucasia y El Bagre, que resultó en la captura de cinco personas —dos brasileños y tres colombianos— vinculadas a un grupo delincuencial que pagaba el 7 % de sus ganancias al Clan del Golfo.
El impacto económico de esta acción superó los 10.000 millones de pesos, con la identificación de 105 puntos de extracción ilícita de oro que afectaban incluso a una reconocida empresa minera.
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Durante el operativo, se incautaron 176 gramos de oro valorados en más de 68 millones de pesos, 17 millones en efectivo, además de munición, un cargador de ametralladora, elementos de intendencia, comunicaciones y explosivos. Estas incautaciones cortan rutas de financiación de estructuras criminales que dependen de la explotación ilegal del territorio.
Este anuncio se suma a la serie de golpes recientes contra la minería ilegal en la región. En Remedios, por ejemplo, la Policía decomisó más de 556 kilogramos de explosivos, lo que refleja el uso letal de materiales peligrosos para dinamitar los ecosistemas, contaminar fuentes hídricas y facilitar operaciones en zonas remotas.
También es destacable la intervención coordinada del Ejército y la Policía que destruyó siete unidades mineras, incluidas dragas, motores y plataformas, generando pérdidas superiores a los 100 millones de pesos para bandas criminales.
Según explicaron las autoridades, estas acciones han sido posibles gracias al lineamiento estratégico denominado Protección del Capital Natural del País, que busca proteger los recursos ambientales y frenar la minería ilegal como fuente de financiamiento de organizaciones criminales.
Y es que el Clan del Golfo, una de las principales bandas criminales que operan en Colombia, ha profundizado su presencia en actividades ilícitas como la minería ilegal desde hace más de una década. Según registros oficiales, la minería ilícita representa uno de los ingresos más rentables para estas estructuras, con reportes que apuntan a que generan hasta 7.000 millones de pesos mensuales por esa vía.
Frente a ello, el general Triana ha señalado que los operativos no solo buscan incautar materiales y capturar responsables, sino desarticular las redes logísticas y financieras que permiten sostener estas economías criminales. Las críticas advierten que, además del impacto criminal, la minería ilegal produce daños ambientales irreversibles: deforestación, contaminación por mercurio y cianuro, y degradación de ecosistemas.
La ofensiva en Antioquia no se detiene con los mencionados resultados. Otras zonas como Buriticá, Vegachí, Yalí, y San Carlos también han sido objeto de operativos que han desmantelado maquinaria e incautado explosivos, evidenciando la extensión y gravedad del problema. De este modo, las autoridades presentan una clara postura de cero tolerancia frente a esta amenaza que combina crimen, perjuicio al medio ambiente y debilitamiento institucional.
En palabras del mayor general Triana: “En desarrollo del lineamiento Protección del Capital Natural del País… este contundente golpe generó una afectación a las rentas criminales por más de 10.000 millones de pesos”.
Minería ilegal, una de las grandes problemáticas en el país
La minería ilegal se ha convertido en una de las crisis más graves que enfrenta Colombia, con efectos devastadores en el medioambiente y la seguridad institucional.
En lo ambiental, la explotación sin controles ni licencias ha arrasado vastas extensiones de bosque y contaminado ríos con químicos tóxicos. Según la Unodc, en 2022 se estimó que el 73 % de las zonas mineras detectadas por satélite correspondían a actividad ilegal, concentrándose en regiones como Chocó y Antioquia. Además, entre 2016 y 2022 se documentaron más de 168.000 hectáreas de ecosistemas erosionados a causa de esta actividad.
Paralelamente, la Procuraduría reportó contaminación con mercurio en más de 70.000 hectáreas del país, coincidiendo con municipios afectados por esta explotación ilícita.
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