JEP vuelve a citar a Gonzalo Gallo por su presunta participación en tierras despojadas en Urabá

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó nuevamente a Luis Gonzalo Gallo Restrepo, exmiembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), para que amplíe su declaración dentro del Caso 04, que analiza el despojo y desplazamiento forzado en la región de Urabá.

La diligencia se llevará a cabo el próximo 27 de agosto y será presidida por la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del proceso, según informó Semana.

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Gallo Restrepo fue aceptado en la JEP en julio de 2024 como tercero civil, dada su vinculación con el FGC y el conocimiento que puede aportar sobre las dinámicas de apropiación de tierras entre 1986 y 2016.

Las víctimas y organizaciones sociales han señalado que el exdirectivo habría intervenido en la adquisición irregular de predios en la zona de Tulapas, al norte de Urabá, y en la posterior legalización de estas propiedades a través de trámites con entidades estatales y notariales.

La citación se produce en un contexto de seguimiento a versiones anteriores entregadas por Gallo Restrepo en los años 2021, 2022 y 2024, donde abordó aspectos relacionados con su vida personal, su paso por el Fondo Ganadero de Córdoba y la relación de esta entidad con estructuras paramilitares que operaron en Córdoba y Urabá.

La Sala de Reconocimiento de Verdad también indagó en esas diligencias sobre la forma en que se desarrollaron proyectos agroindustriales en predios adquiridos luego de procesos de despojo.

En esta nueva audiencia, la JEP espera obtener precisiones sobre la participación de actores civiles y empresariales en los hechos ocurridos en Tulapas. Igualmente, deberá referirse a los mecanismos que se utilizaron para legitimar la propiedad de tierras y a las propuestas de reparación que ha formulado como parte de sus compromisos con la justicia transicional.

El tribunal transicional ha reiterado que quienes se acogen a su jurisdicción deben cumplir con el régimen de condicionalidad, lo cual implica realizar aportes que permitan esclarecer la verdad de manera plena y detallada. Esto incluye identificar responsabilidades, reconocer a las víctimas y plantear medidas que contribuyan a la restauración de los derechos vulnerados.

El Caso 04 de la JEP investiga los patrones de violencia, desplazamiento y despojo que marcaron a Urabá durante varias décadas. En particular, el expediente concentra información sobre cómo comunidades campesinas fueron forzadas a abandonar sus territorios en medio del accionar de grupos armados ilegales, y cómo posteriormente esos predios pasaron a manos de terceros, entre ellos particulares y empresas.

Los informes entregados por organizaciones sociales han descrito cómo el despojo en Tulapas derivó en la transformación del uso de la tierra, que pasó de ser explotada por pequeños campesinos a ser utilizada en proyectos de gran escala. Estos procesos habrían contado, según las denuncias, con la participación de funcionarios que facilitaron la legalización de los terrenos.

La comparecencia de Gallo Restrepo busca ampliar la información ya recopilada y contrastarla con las versiones entregadas por otros comparecientes, así como con los informes de las comunidades afectadas. La JEP considera que este tipo de diligencias son fundamentales para reconstruir la verdad histórica de lo sucedido en Urabá y establecer responsabilidades más allá de los actores armados.

Además de abordar la adquisición de tierras, la diligencia también permitirá examinar los vínculos entre el Fondo Ganadero de Córdoba y el proyecto paramilitar que operó en la región, señalados en distintos documentos. El exdirectivo deberá responder sobre la relación entre las actividades económicas del Fondo y el control territorial que ejercían los grupos armados.

En sus intervenciones anteriores, Gallo Restrepo fue interrogado sobre cómo el Fondo habría participado en contratos, alianzas o proyectos que implicaban el uso de terrenos despojados. También se le preguntó por los canales que facilitaron la legalización de los predios, que incluyeron trámites en notarías y oficinas de registro.

La JEP recordó que esta comparecencia no es un trámite aislado, sino parte del proceso que exige a los comparecientes aportar a la verdad de manera exhaustiva. El cumplimiento de este requisito será evaluado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que determinará si los aportes son suficientes para acceder a los beneficios que otorga el sistema de justicia transicional.