El Páramo de Almorzadero, que se extiende entre Santander y Norte de Santander, volvió a ser protagonista de una controversia judicial que deja en evidencia los vacíos del Estado colombiano en la protección de sus ecosistemas estratégicos. En esta ocasión, el debate no gira únicamente en torno a los impactos ambientales, sino a una sanción judicial que recae directamente sobre funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incluida la ministra encargada, Irene Vélez.
El Juzgado I Promiscuo de Málaga resolvió imponer un desacato por el incumplimiento de una orden que data de 2019, cuando el Tribunal Superior de Bucaramanga exigió la delimitación del complejo de páramos mediante un proceso abierto y participativo con las comunidades. La decisión de entonces dio un margen de un año para que el Gobierno expidiera la resolución correspondiente, un tiempo que parecía razonable para cumplir con el mandato. No obstante, seis años después, esa resolución aún no existe y el proceso sigue estancado.
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El incumplimiento fue señalado por el ciudadano David Darío Vidal Escudero, que interpuso una denuncia que dio paso al incidente de desacato. Su intervención puso en evidencia la falta de resultados concretos, pese a que el Ministerio de Ambiente aseguró haber adelantado reuniones técnicas, mesas interinstitucionales y la entrega de informes. Para el juzgado, esos esfuerzos no son suficientes, no hay constancia de que se hubiera llevado a cabo la consulta con las comunidades ni de que exista un acto administrativo que delimite oficialmente el páramo.
Esa falta de avances llevó al juez a ordenar sanciones económicas. La ministra encargada, Irene Vélez, deberá pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos, al igual que otros altos funcionarios del despacho. Entre ellos, Delio Mendoza Hernández, director de Bosques y Biodiversidad, y Mauricio Cabrera Leal, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental. Aunque la suma no es elevada en términos monetarios, el golpe simbólico es fuerte, pues se trata de un fallo que cuestiona directamente la gestión institucional frente a un ecosistema clave para el abastecimiento hídrico y la regulación climática de la región.
La decisión judicial aún no está en firme. Por norma, el caso fue remitido al Tribunal Superior de Bucaramanga, que deberá revisar la sanción en los próximos días y definir si la mantiene o introduce modificaciones. Lo que sí está claro es que el tema del Almorzadero no es un hecho aislado, se suma a un historial de retrasos en otros procesos de delimitación de páramos en el país.
Uno de los ejemplos más notorios es el del páramo de Santurbán, donde pasaron ocho años sin que se logre una resolución definitiva. Allí, las demoras y la falta de participación ciudadana son objeto de críticas constantes por parte de las comunidades, así como de advertencias de organismos de control. Tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo insistieron en que el Gobierno debe priorizar la delimitación de los páramos, suspender medidas transitorias y garantizar procesos participativos reales que respeten los derechos de quienes habitan en estas zonas.
La preocupación no es menor. Los páramos son ecosistemas vitales para la provisión de agua, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad. En el caso del Almorzadero, múltiples municipios dependen de sus fuentes hídricas, lo que convierte su delimitación en una tarea urgente no solo desde lo legal, sino también desde lo social y ambiental.
Más allá de las sanciones a funcionarios, lo que está en juego es la confianza en la capacidad del Estado para cumplir con fallos judiciales y avanzar en políticas de protección ambiental efectivas. El proceso de delimitación no solo define qué áreas deben ser protegidas de la expansión agrícola, minera o urbana, también abre la puerta a esquemas de manejo sostenible que garanticen el bienestar de las comunidades locales y la preservación del ecosistema.
En ese sentido, el caso del Almorzadero refleja un patrón repetido, decisiones judiciales que ordenan acciones concretas, ministerios que responden con gestiones parciales, pero sin resultados de fondo, y comunidades que siguen esperando soluciones mientras aumentan las presiones sobre el territorio.
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