Esta es la sangrienta guerra que se espera en Valle del Cauca, de la cual advirtió la Defensoría: “Graves riesgos de violaciones a los derechos humanos”

La Defensoría del Pueblo informó el lunes 25 de agosto sobre la emisión de la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca.

El documento advirtió la convergencia y las posibles confrontaciones entre los grupos armados ELN, Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), disidencias de las Farc y Rastrojos Nueva Generación, que han generado un “escenario de riesgo crítico”.

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El impacto directo sobre escuelas, comunidades indígenas y mujeres campesinas aparece como la alerta más sensible en la reciente advertencia lanzada por la Defensoría del Pueblo en tres municipios del Valle del Cauca.

De esta manera, el organismo señala que el riesgo de reclutamiento forzado de niños, la posibilidad de cierres de instituciones educativas y el aumento de amenazas específicas —como violencia sexual y extorsión— colocan a niños, mujeres líderes y comunidades rurales en una situación de vulnerabilidad extrema.

De acuerdo con la alerta, “en estos territorios se configura un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación entre los grupos armados organizados”.

Las disputas por el control de corredores estratégicos —principalmente en el Cañón de Garrapatas— han desencadenado patrones reiterados de violencia. La alerta detalla la utilización de artefactos explosivos improvisados en zonas pobladas, homicidios selectivos y frecuentes enfrentamientos armados.

Estos hechos incrementan la probabilidad de desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

El documento apunta que la situación actual se compone de la disputa territorial, el control de rentas ilícitas y la presión armada sobre liderazgos comunitarios, lo cual se traduce en riesgos “inminentes de homicidios múltiples y selectivos, así como de mayor propagación del uso de explosivos en zonas urbanas”.

Se advierte también que, en el ámbito escolar, podría ocurrir el cierre temporal de escuelas y el incremento de casos de reclutamiento forzado de menores.

Detalles del riesgo por municipio

En Riofrío, el riesgo afecta tanto al centro urbano como a dos corregimientos; en Bolívar, a nueve corregimientos y un resguardo indígena; y en Trujillo, a diez corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas.

El llamado de la Defensoría del Pueblo se traduce en una batería de recomendaciones al Estado colombiano, organizadas en seis ejes fundamentales.

El primero solicita “coordinación y planeación interinstitucional inmediata, liderada por el Ministerio del Interior”, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de articular un plan integral de acción que incluya plazos y seguimiento verificable.

Así mismo, se enfatiza la necesidad de que el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional refuercen “la presencia y control territorial, asegurando patrullajes permanentes” en las zonas estratégicas y más afectadas.

Al margen de la seguridad, la entidad destaca la importancia de fortalecer medidas de “prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, así como para mujeres rurales y líderes sociales, garantizando entornos seguros y rutas de atención frente a riesgos de reclutamiento, confinamiento y violencia de género”.

Por su parte, la Unidad para las Víctimas debe ampliar la capacidad de respuesta humanitaria y actualizar los planes de contingencia, articulando esfuerzos con entidades municipales para mitigar los efectos de potenciales desplazamientos y confinamientos bajo un enfoque diferencial.

En relación con la aplicación de justicia, se solicita que la Fiscalía General de la Nación priorice investigaciones sobre homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones y el uso ilegal de explosivos, con equipos móviles y especializado en derechos humanos y perspectiva de género.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo realizó un “llamado urgente al Estado colombiano”, solicitando que “las recomendaciones contenidas en esta alerta sean atendidas de manera inmediata y articulada”.

Según precisa el documento, “la vida, la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades de Riofrío, Trujillo y Bolívar dependen de una respuesta efectiva, oportuna y coordinada” frente al desafío planteado por la intensificación de la violencia armada en estos municipios.