El hallazgo de dos artefactos explosivos en una carretera estratégica del norte de Antioquia se produjo en la mañana del domingo 24 de agosto, cuando se detectó un cilindro con cables en la vía que conecta el municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento de Valle de Toledo, en un sector conocido como El Hoyo.
Este tramo conecta a Medellín con la central hidroeléctrica de Hidroituango, infraestructura fundamental para la generación de energía en Antioquia. De acuerdo con lo informado por Blu Radio, la presencia de los artefactos fue advertida por transeúntes, lo que motivó la intervención inmediata del personal antiexplosivos de la Cuarta Brigada del Ejército.
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Las tropas desplegaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, con el objetivo de proteger tanto a los habitantes como a los efectivos encargados de la operación. El Ejército confirmó que los explosivos fueron neutralizados de manera controlada, evitando daños materiales y víctimas.
El citado medio indicó que el Ejército atribuyó la instalación de estos artefactos explosivos al Frente 36 del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, la disidencia al mando de “Calarcá”, cuyo grupo armado mantiene presencia activa en el norte de Antioquia y al que las fuerzas militares y el Gobierno atribuyeron el ataque con explosivos al helicóptero de la Policía en el casco urbano de Amalfi, que dejó como saldo la muerte de 13 uniformados.
En respuesta a la escalada de violencia, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una recompensa de hasta $2.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Chejo, identificado como el cabecilla principal del Frente 36. Esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana y debilitar la estructura de mando de las disidencias responsables de los ataques.
La situación en el norte de Antioquia refleja la complejidad del conflicto armado en Colombia, donde la disputa por el control territorial y la protección de infraestructuras estratégicas como Hidroituango continúan generando episodios de violencia que afectan tanto a la seguridad pública como al desarrollo regional.
Ataque al helicóptero en Amalfi no fue con drones, sino con explosivos bajo tierra, confirmó Petro
En los primeros momentos tras el ataque, surgió la hipótesis de que drones habrían derribado la aeronave. Sin embargo, pocos días después, el presidente Gustavo Petro descartó esa versión y confirmó que los responsables habían instalado una carga explosiva bajo tierra, diseñada para detonar justo cuando los uniformados comenzaran la evacuación.
“En el momento mismo de empezar a evacuar, cuando los miembros de la Policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, activaron las cargas explosivas. Los cilindros se proyectaron desde la profundidad y explotaron en superficie. La mayoría de policías que rodeaban la aeronave murieron, incluido el subteniente que grababa la operación. El celular quedó como testigo con la grabación hecha”, escribió el primer mandatario en su cuenta oficial de X.
La sofisticación del ataque sorprendió incluso a los expertos en explosivos. Los cilindros, enterrados a un metro de profundidad y conectados a un sistema de activación remoto, pasaron inadvertidos tanto para el equipo antiexplosivos como para los caninos entrenados, que también fallecieron en la explosión.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez subrayó la magnitud del atentado: “Fue una carga demasiado fuerte, que destruyó el helicóptero y asesinó a 13 héroes de la patria. No fue un dron lo que causó la explosión”, aseguró el jefe de esa Cartera, que además calificó el ataque como uno de los más sofisticados de la región en la última década.
Un mes antes del atentado, las autoridades locales ya habían advertido al Gobierno sobre el aumento de los riesgos en la zona, donde confluyen grupos armados que se disputan el control del narcotráfico y la minería ilegal. A pesar de estas alertas, la Policía fue sorprendida por una trampa mortal que transformó un aterrizaje rutinario en una catástrofe.
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También se reveló por parte del jefe de cartera, Pedro Arnulfo Sánchez, el cartel que señaló hasta 200 millones de pesos por alias La Morocha (junto a “Urías Perdomo”), otra de las señaladas de operar en el departamento de Caquetá, sur de Colombia, y servir a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá y comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), una de las disidencias de las Farc
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