El ataque contra un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía en la vereda El Toro, jurisdicción de Amalfi, dejó en evidencia alertas que la Gobernación de Antioquia había elevado meses atrás.
La acción, atribuida a disidencias de las Farc, cobró la vida de 12 uniformados e hirió a cuatro más, y reabrió el debate sobre la seguridad en el Nordeste del departamento.
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La administración departamental confirmó que desde comienzos de junio había advertido al Gobierno Nacional sobre la situación crítica en esa zona.
Según información publicada por El Colombiano, el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, envió el 4 de junio una carta dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que planteaba la urgencia de reforzar la presencia militar.
La misiva se produjo después de la desaparición, ocurrida el 2 de junio, del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Toros.
En la comunicación, el funcionario fue directo en señalar la gravedad del panorama: “Por medio del presente elevo a su despacho una solicitud urgente y prioritaria frente al deterioro progresivo y alarmante del orden público en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, situación que ha generado un ambiente de creciente inseguridad, zozobra y temor generalizado entre la población civil”, expresó Martínez, según recogió El Colombiano.
La petición resaltaba que el objetivo no podía limitarse a operativos puntuales, sino a un despliegue sostenido. En ese sentido, el secretario pidió un “despliegue inmediato y reforzado de tropas que permitan establecer control territorial, garantizar la seguridad de las comunidades más vulnerables, prevenir nuevas acciones violentas y apoyar de manera contundente a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden público”.
El documento, además, mencionaba que en la vereda se concentraban disputas entre varias estructuras armadas ilegales, entre ellas disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.
El atractivo estratégico de este territorio radica, entre otros aspectos, en que colinda con el municipio de Anorí, también escenario de confrontaciones.
A pesar de la advertencia, el refuerzo solicitado no se materializó. Dos meses y medio después, la mañana de este jueves, se produjo la emboscada contra un grupo de policías que realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos y el posterior ataque al helicóptero que los evacuaba.
Tras conocerse el contenido de la carta, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la advertencia no fue atendida: “Ese comunicado, esa advertencia, quedó en el olvido como los ya casi cientos que han enviado mi general Martínez. Nos dejaron en visto, como es usual con nosotros los antioqueños, por parte del Gobierno Nacional, como tampoco nos han dado respuesta sobre la asistencia militar, discusión hoy tan necesaria y tan pertinente cuando necesitamos que la inteligencia y la capacidad operativa de las fuerzas militares para que acompañe el quehacer de la Policía”, dijo el mandatario, citado por El Colombiano.
La recuperación de los cuerpos de los uniformados tras el ataque estuvo marcada por nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos ilegales en la zona. La tensión aumentó, evidenciando la dificultad para ejercer control territorial en un sector donde confluyen varios actores armados.
En medio de la emergencia, Rendón reiteró la necesidad de coordinación interinstitucional: “Urge articulación y coordinación en el Gobierno Nacional. Se trata de un asunto de vida y muerte”, manifestó, de acuerdo con lo reportado por El Colombiano.
El gobernador también señaló a los responsables de la acción armada. Indicó que el ataque fue ejecutado por una facción de disidencias de las Farc bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, y que en Amalfi las operaciones estarían encabezadas por alias Manuelito o Guaracho. A este grupo se le atribuye apoyo logístico de otros jefes conocidos con los alias de Guillermino y Dávinson o Barbado.
La situación de orden público en esta zona del Nordeste antioqueño ya había sido advertida en múltiples ocasiones, según la Gobernación, pero los hechos recientes mostraron la vulnerabilidad persistente de las comunidades y de las operaciones de la fuerza pública.
La caída del helicóptero en Amalfi no solo dejó un saldo trágico, sino que reavivó la discusión sobre la respuesta estatal frente a las solicitudes regionales de mayor presencia militar.
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