En medio de las fuertes imágenes y el dolor que dejaron los atentados ocurridos en Amalfi, Antioquia, y Cali, durante el jueves 21 de agosto de 2025, no cesan los pronunciamientos en el país político.
Muchos de ellos atribuyen responsabilidad no solo a los grupos armados, sino al mismo Gobierno.
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También es la posición del expresidente del Senado y opositor, Efraín Cepeda, que escribió un contundente mensaje en sus redes sociales, primero, para rechazar los condenables atentados que dejan decenas de muertos y heridos, y para acusar las políticas de Gustavo Petro como desencadenantes de la ola de violencia.
Estas fueron sus palabras: “¿Colombia a merced de los grupos criminales? Esa es la consecuencia directa de una paz total fallida y permisiva que ha debilitado al Estado y fortalecido a los violentos", dijo.
Acusó al Ejecutivo de proceder con cierta tolerancia “y concesiones” con los grupos armados, a juzgar por sus declaraciones, mientras que las Fuerzas Militares no cuentan con la plena robustez para contraatacar.
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“El país no puede seguir siendo rehén de quienes imponen el terror mientras el Gobierno responde con indulgencia. Presidente, es hora de actuar con firmeza. Devuélvale la ofensiva a nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Ellos son los llamados a garantizar la seguridad de los ciudadanos y a derrotar a quienes desafían la autoridad del Estado. No más concesiones al crimen, no más privilegios para los victimarios. La verdadera paz no se logra entregando el país al chantaje armado, sino con un Estado fuerte que proteja la vida, la libertad y la dignidad de todos los colombianos”, escribió el líder legislativo.
El atentado en Cali
La ciudad de Cali vivió una jornada de terror el 21 de agosto de 2025, cuando un ataque con dos cilindros bomba detonados frente a la base aérea Marco Fidel Suárez dejó siete muertos y más de 71 heridos.
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El atentado, atribuido a las disidencias de las Farc, sumió a los habitantes en el miedo y la incertidumbre. Hacia las tres de la tarde, desconocidos emplearon un camión para lanzar los artefactos explosivos en uno de los sectores más concurridos de la zona nororiental de la ciudad, afectaron no solo instalaciones militares sino la vida cotidiana de los barrios La Base y Villa Colombia.
Las imágenes posteriores al estallido muestran calles cubiertas de vidrios y escombros, con viviendas gravemente dañadas e innumerables historias de angustia de los residentes.
“Se nos metió la guerra hasta la sala de la casa”, expresó Andrés Monroy, vecino testigo del atentado, que fue entrevistado por periodistas de El País América, al relatar cómo uno de los cilindros bomba destruyó la fachada de su vivienda y estuvo a punto de causar una tragedia familiar.
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En casas contiguas, adultos mayores y familias llevan décadas habitando el sector, creyendo estar seguros por la cercanía con la base militar, una percepción que quedó destrozada tras el ataque.
“Elegimos este barrio porque nos sentíamos más seguros al lado de la base aérea. No esperábamos que esa cercanía nos dejara sin vivienda”, lamentó Amelia Muriel de Martínez, en conversación con el diario internacional, que resultó afectada junto a su esposo y su hija.
La situación de alerta se extendió durante más de cuatro horas, mientras equipos de policía y antiexplosivos inspeccionaban el área y los vecinos bloqueaban calles para protegerse ante la sospecha de nuevos ataques.
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Las autoridades locales, por su parte, anunciaron una recompensa de 800 millones de pesos por información sobre los responsables inmediatos del atentado y ordenaron reforzar la vigilancia en las zonas vulnerables.
Según el alcalde Alejandro Éder y la gobernadora Dilian Francisca Toro, el ataque habría sido ordenado por las disidencias de la Jaime Martínez desde el norte del Cauca, mientras la ciudad y el país enfrentan las secuelas de un atentado que, para muchos, simboliza la extensión del conflicto armado a espacios urbanos habitados históricamente bajo la promesa de seguridad.
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