Ministerio de las TIC se pronunció sobre la polémica con Canal 1 y aclaró cuándo se hará la nueva licitación

Los debates recientes en torno al futuro de Canal 1 han provocado incertidumbre en el sector mediático, sobre todo tras los comentarios acerca de la posible duración de su concesión y los criterios para la futura licitación.

El Gobierno nacional, en cabeza de la cartera de las TIC, Julián Molina, ha dejado claro que no se contemplan medidas drásticas como la caducidad anticipada, tema que había alimentado la controversia entre los actuales operadores del canal y las autoridades.

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Según declaraciones del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, recogidas por W Radio, “el contrato se va a respetar hasta 2027, y para entonces ya habrán pasado las elecciones que algunos temen podrían influir en esta decisión. Esa preocupación se puede descartar, porque aquí no se está hablando de caducar el canal”.

De este modo, el jefe de la cartera enfatizó que la actual operación de Canal 1 continuará hasta el año 2027, momento en el que se abrirá una nueva licitación.

Asimismo, el ministro explicó que existe una confusión en torno a la vigencia del contrato, teniendo en cuenta que algunos sectores consideran que la concesión podría llegar hasta 2037, amparados en la ley que amplió la duración de las concesiones de canales públicos hasta 40 años.

Sin embargo, Molina puntualizó en el medio de comunicación que esta normativa establece claramente que las prórrogas “no podían ser automáticas ni gratuitas”, y diferenció los conceptos de la licitación y las investigaciones sobre los “comportamientos societarios” del canal.

En este sentido, el funcionario detalló que la obligación del Ministerio es comprobar si los concesionarios actuales cumplen con los requisitos iniciales exigidos al momento de la adjudicación, entre ellos que los gestores sean periodistas y no solamente inversionistas.

El objetivo de esta regulación, recordó el ministro, residía en garantizar el pluralismo informativo y la libertad de expresión.

Al respecto, Molina fue enfático en decir que: “La caducidad es la última medida posible en una concesión, y no está sobre la mesa en este momento”.

No obstante, agregó que el ministerio sí adelanta investigaciones sobre la composición societaria y el cumplimiento de condiciones, para determinar si corresponde tomar algún tipo de medida correctiva.

La normativa vigente establece que la prórroga de concesiones para el Canal Uno solo puede suceder mediante condiciones de pago y procesos concursales, descartando la posibilidad de renovaciones automáticas o gratuitas.

Esta posición fue sostenida por fuentes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en declaraciones a El Tiempo, en el contexto del debate jurídico originado tras la reciente decisión del jefe de Estado.

Según lo informado, no existe una concesión vigente para el Canal Uno después del 4 de mayo de 2027, fecha en la que concluye el contrato 001 de 2017. Este acuerdo, firmado por la entonces Autoridad Nacional de Televisión —hoy adscrita al MinTIC— con Plural Comunicaciones S.A.S., involucró un monto de 107.000 millones de pesos. Las fuentes ministeriales subrayaron la necesidad de atender tanto las condiciones impuestas por la Ley 1341 como por la Ley 1150 de 2007 en cualquier trámite relacionado con posibles prórrogas.

El análisis jurídico difundido en el citado medio toma como referencia el artículo 34 de la Ley 1341, que señala expresamente:

“Las concesiones de espacios de televisión del canal nacional de operación pública (...) tendrán un término de duración de veinte (20) años, que serán prorrogables hasta por veinte (20) años. Esta disposición será aplicable a los contratos de concesión de espacios de televisión del canal nacional de operación pública (...). En ningún caso, la prórroga será gratuita ni automática”.

De acuerdo con esta interpretación, cualquier posible extensión posterior a 2027 deberá cumplir con las normativas concursales y económicas previstos en la legislación colombiana, consolidando así la postura oficial frente al futuro licenciamiento de los medios públicos.