La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal le propuso al pastor Alfredo Saade que entregue a los funcionarios corruptos del gobierno de Gustavo Petro y que no les sigan buscando asilo en otros países.
“Saade, le propongo que entreguen a los funcionarios corruptos de su gobierno a la justicia y no les sigan buscando asilo en los países como Venezuela o Nicaragua”, señaló.
El pronunciamiento de la congresista fue muy contundente al afirmar que el 7 de agosto de 2026 todos los corruptos se irán de la presidencia.
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“El 7 de agosto usted y todos los suyos se irán de la presidencia para que nosotros lleguemos a desterrar la corrupción, acabar con la mediocridad y darle libertad a Colombia”, puntualizó.
Toda la discusión inició cuando María Fernanda Cabal afirmó que: “Alfredo Saade durará más suspendido de cargos públicos que lo que estuvo como funcionario de Petro. La “jugadita” de enviarlo de embajador al Brasil no les sirvió y deberá enfrentar la decisión de la Procuraduría".
Lo anterior hizo que Alfredo Saade le contestará enviándole una propuesta, donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro puedan ”jugar" la gran final en el 2026 como candidatos a la presidencia.
“Le propongo senadora @MariaFdaCabal que usted y su partido analicen mi propuesta de un fast track en el congreso de la República para que el expresidente Álvaro Uribe y el presidente @petrogustavo puedan jugar la gran final en el 2026 siendo candidatos a la presidencia de la república. Le aseguro que acabaríamos con tanta polarización", afirmó.
Por la propuesta de Saade, la congresista salió a dar su punto de vista asegurándole que todo el gobierno de ellos va a salir el próximo año.
María Fernanda Cabal rechazó acuerdo binacional entre Colombia y Venezuela: “La idea debe pasar por el Congreso de la República”
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal rechazó públicamente el anuncio de la creación de la primera zona binacional entre Colombia y Venezuela, impulsada por los gobiernos de ambos países y presentada oficialmente por Nicolás Maduro, mandatario del vecino país.
El señalamiento central de la dirigente de oposición pone en duda la transparencia del acuerdo y cuestiona de forma directa la legitimidad del líder venezolano.
Cabal reafirmó sus críticas atribuyéndole a Maduro vínculos con organizaciones criminales.
Durante una transmisión televisada, Maduro informó sobre la puesta en marcha de la zona binacional, que contempla cooperación en movilidad, transporte, comercio y acciones coordinadas contra bandas criminales en el área limítrofe.
Lo acompañó una directriz militar para intensificar la lucha en territorio venezolano contra grupos delictivos. Dicha zona cobija departamentos colombianos como Norte de Santander, Cesar y La Guajira, y los estados venezolanos de Táchira y Zulia.
El gobierno colombiano sostuvo que el propósito de la nueva figura es fortalecer la paz, el desarrollo y la unidad bilateral.
Tanto Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendieron la legalidad del acuerdo y aseguraron que la iniciativa tiene como meta avanzar en el control territorial y reducir las actividades de organizaciones criminales en la región.
La contraparte llegó desde la oposición. María Fernanda Cabal publicó en su cuenta oficial de X: “El narco-dictador de Venezuela Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles, no el mandatario de Colombia. La idea de una zona binacional debe pasar por el Congreso de la República y las instituciones incluidas las altas Cortes deben impedir que se viole la soberanía del país para proteger a los narcotraficantes de los Soles”.
Cabal insistió en que la creación de la zona requiere control parlamentario y que las cortes nacionales deben analizar el alcance de la iniciativa.
Cabe destacar que sobre Maduro pesan señalamientos internacionales por presuntos vínculos con actividades ilegales, incluyendo la jefatura del llamado cartel de Los Soles, organización vinculada al narcotráfico.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de USD50 millones por información que permita la captura y condena del mandatario venezolano, acción que refuerza la desconfianza manifestada por sectores opositores en Colombia.
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