En operativos realizados durante dos días consecutivos en los barrios Las Cruces y San Bernardo de la localidad de Santa Fe, al centro de Bogotá, 30 menores de edad fueron encontrados en establecimientos de alojamiento denominados como “pagadiarios”, donde vivían en condiciones de vulnerabilidad en compañía de sus padres y carecían de la garantía de sus derechos fundamentales.
La intervención fue liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá; la Secretaría de Educación; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf); la Alcaldía Local de Santa Fe; la Personería de Bogotá; y Migración Colombia, y su objetivo fue prevenir riesgos sociales y proteger a poblaciones vulnerables de la ciudad.
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De acuerdo con la entidad, los menores encontrados no están vinculados escolarmente a alguna institución, por lo que inmediatamente, en común acuerdo con sus padres y acudientes, se iniciaron las gestiones para incluirlos en la red de jardines infantiles y colegios del distrito.
Frente a este panorama, la Personería informó que producto de dichas acciones de la entidad que lidera el sistema de educación de la ciudad, los menores asistirán regularmente para adelantar sus estudios de acuerdo al nivel en el que se encuentren a partir de la última semana de agosto de 2025.
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Sumado a esto, el Icbf verificó las condiciones de los niños y niñas y, posteriormente, inició el proceso para el restablecimiento de los derechos de los que fueron hallados en condiciones de vulnerabilidad por parte de las autoridades.

Y es que a través de sus canales digitales, la entidad divulgó contenidos en los que se puede ver que algunos de los niños y niñas era testigos del consumo de sustancias psicoactivas de sus padres, lo que constituye una vulneración a su derecho a desarrollarse en un ambiente sano que no dé lugar a alguna vulneración a su salud o integridad.
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No obstante, los operativos adelantados por las entidades distritales y nacionales, que hacen parte de la estrategia de seguridad de la administración en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, tuvieron también el objetivo de verificar la documentación que garantiza la operación de los establecimientos. Con dicho fin, las autoridades detectaron irregularidades administrativas en tres pagadiarios, los cuales carecían de la documentación exigida para su funcionamiento.
Sobre esto, informaron que en uno de estos establecimientos se identificó una falsedad en documento público, lo que motivó la suspensión inmediata de sus actividades y la apertura de sanciones en contra de los propietarios y administradores del lugar.
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A su vez, la articulación entre cada una de las entidades permitió también la verificación de la situación migratoria de ciudadanos extranjeros que se encontraban en los alojamientos, reforzando la estrategia con la que buscan prevenir posibles delitos de los que puedan ser víctimas menores de edad o demás grupos de población vulnerable.
De acuerdo con las autoridades, este tipo de intervenciones buscan también prevenir en su totalidad posibles hechos en los que niños, niñas o adolescentes puedan ser víctimas de explotación sexual, de redes de trata de personas o introducidos en el consumo de drogas.

Dichas intervenciones, según la Administración distrital, han sido priorizadas en las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Kennedy, en donde, adicionalmente, realizan presencia de manera constante con el fin de fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos de población vulnerable.
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Finalmente, la Secretaria de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía en general para que denuncie, a través de las líneas dispuestas por las autoridades, cualquier hecho que constituya algún riesgo para menores de edad y que pueda ser objeto del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide).
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