La Corte Suprema de Justicia dio un paso determinante en el proceso que venía adelantando contra el senador Carlos Abraham Jiménez López, del partido Cambio Radical.
La Sala de Instrucción resolvió acusarlo formalmente por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, tras encontrar indicios de que en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) se configuró un esquema de contratación irregular.
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De acuerdo con el expediente, una mujer apareció vinculada durante cuatro años como empleada de la UTL de Jiménez, pero nunca asistió a laborar. A pesar de ello, mes a mes recibió salario y prestaciones sociales que no cobraba directamente, pues su tarjeta débito estaba bajo control de personas cercanas al congresista. Según la investigación, dichos recursos habrían terminado usados en gastos de campaña y compromisos políticos.
La defensa del senador y su primer pronunciamiento
El congresista reaccionó inmediatamente a través de su cuenta en X, asegurando: “He sido notificado de una acusación de la Corte Suprema. Tengo la tranquilidad de mi inocencia y la convicción de que la verdad siempre prevalece. Seguiré cumpliendo mi deber como Senador, defendiendo a mi región y a Colombia”.
Además divulgó un comunicado oficial en el que precisó: “A partir de una denuncia anónima, la Corte indaga si, entre 2014 y 2018, en mi condición de representante a la Cámara, solicité a miembros de mi UTL -entre ellos, Juliana Abadía- que me entregaran parte de sus salarios y si las certificaciones de sus labores son auténticas. Respeto profundamente a las instituciones, aun cuando puedan equivocarse, como ocurre en este caso, con una acusación que los propios miembros de mi UTL han negado categóricamente”.
Jiménez insistió en su inocencia y cuestionó la solidez de las pruebas: “Tengo la tranquilidad de quien no ha cometido falta alguna. La acusación se sustenta en meros indicios que serán controvertidos ante los jueces”.
La Sala Especial de Primera Instancia será la encargada de adelantar el juicio, una vez quede en firme la decisión de acusación.
El trasfondo: el “carrusel de corbatas” en la UTL
La investigación de la Corte Suprema no se limitó a un solo caso. El expediente detalla un patrón en el que varios integrantes de la UTL del congresista figuraban en nómina sin desempeñar funciones reales. Este fenómeno es conocido en el Congreso como las “corbatas”, donde funcionarios contratados que reciben un salario sin cumplir labores, aunque en este caso bajo condiciones aún más irregulares.
Uno de los testimonios clave fue el de María Juliana Abadía Abadía, que ingresó con un salario básico de 6.160.000 pesos. La denuncia sostiene que “obedeciendo a un pacto criminal”, ella entregó su tarjeta débito para que terceros retiraran cada mes la totalidad de su pago. Según la Corte Suprema, “nunca cumplió horario, ni funciones, nunca asistió a su puesto de trabajo, nunca ingresó diariamente, ni registró su huella, ni existe constancia alguna de su presencia en la oficina del representante o realizar algunas gestiones en Cali”.
El magistrado César Augusto Reyes, ponente del caso, también halló pruebas sobre el rol de Noralba García Moreno, secretaria departamental de la Gobernación del Valle del Cauca y cercana a Jiménez, que habría sido una de las encargadas de retirar el dinero. En el expediente se lee que los retiros en Cali terminaban destinados a pagar compromisos políticos y de campaña.
En contraste, la hija de García, Sara Arias García, sí trabajó en la UTL y recibió su salario completo, lo que, según el alto tribunal, evidencia un trato desigual frente a la situación de Abadía.
La otra investigación en paralelo
Cabe destacar que no es la primera vez que la Corte Supema de Justicia investiga al senador de Cambio Radical. El alto tribunal lo relacionó con otro escándalo en el que Jiménez apareció mencionado: el llamado “carrusel de pensiones” en Fonprecon (Fondo de Previsión Social del Congreso), donde también se denunciaron irregularidades relacionadas con la manipulación de beneficios y cuotas.
El expediente revela que no solo María Juliana Abadía Abadía fue parte del esquema. Nombres como Olga Lucía Pineda Palacios, María Solange Maya Restrepo, Argenis Elena Ruiz y Carolina Mena Escobar aparecieron vinculados a la UTL del congresista, pese a que no hay registros de cumplimiento de funciones.
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