Óscar Darío Cuadrado, exintegrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de siete funcionarios del CTI en La Paz (Cesar) un crimen perpetrado el 9 de marzo de 2000.
La sentencia, dictada por un juez penal especializado de Valledupar, constituye la primera decisión judicial sobre la autoría de este caso. Además de la pena de prisión, Cuadrado deberá pagar una multa equivalente a 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que representaría al menos $11.388 millones, y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 18 años.
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Condena histórica por desaparición forzada en La Paz Cesar
La decisión judicial, de primera instancia y aún sujeta a recursos legales, se fundamenta en pruebas que señalan a Cuadrado como uno de los paramilitares que intimidó y trasladó a los funcionarios del CTI al lugar donde fueron ejecutados.
Los delitos imputados a Cuadrado, homicidio y desaparición forzada, ocurrieron en el desarrollo de una operación armada del Bloque Norte de las AUC que interrumpió una diligencia judicial de exhumación en una finca del corregimiento Minguillo, en la zona rural de La Paz, la cual integraban los funcionarios.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación determinó que el crimen se cometió por instrucción directa de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y John Jairo Esquivel Cuadrado, alias Tigre, ambos cabecillas del extinto grupo paramilitar.
El 9 de marzo de 2000, los siete miembros del CTI —un odontólogo forense, cinco técnicos y un director— partieron desde Valledupar y Codazzi hacia una zona rural entre Minguillo y Verdecia.
Su misión era exhumar el cadáver de Tiburcio Rivera, una víctima de los paramilitares. Durante la diligencia, la estructura armada irrumpió en el lugar, amenazó a los funcionarios y los trasladó a un área despoblada, donde fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos.
Al mes de la desaparición, una de las camionetas utilizadas por la comisión fue hallada enterrada bajo rastrojos; la otra apareció un año después, incinerada y sepultada en la finca La Holanda.
Identidad de las víctimas y búsqueda de justicia
Las víctimas de esta desaparición forzada fueron identificadas como Carlos Augusto Ibarra, Danilo Javier Carrera Aguancha, Hugo Alberto Quintero Solano, Edilberto Linares Correa, Israel Alberto Roca Martínez, Mario Abel Anillo Trocha y Jaime Elías Barros Ovalle. Todos ellos eran funcionarios del CTI de la Fiscalía, con edades comprendidas entre 26 y 33 años.
Desde el día del crimen, el paradero de sus restos sigue siendo desconocido, lo que ha prolongado el sufrimiento de sus familias durante más de dos décadas.
El proceso judicial contra Cuadrado se reactivó en octubre de 2021, cuando fue capturado y vinculado formalmente al caso, tras haberse desmovilizado junto a otros miembros del Bloque Norte en marzo de 2006.
La investigación, desarrollada bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, incluyó testimonios de exparamilitares que participaron en la matanza. Según Verdad Abierta, Alcides Manuel Mattos Tabares, alias El Samario, declaró desde la cárcel de Valledupar que recibió los supuestos restos de los funcionarios en Sabana Alta y los arrojó a un río.
Tanto “Jorge 40” como “El Tigre” reconocieron su participación en los hechos, aunque las versiones sobre el destino final de los cuerpos han resultado contradictorias.
Desde entonces, las familias de los desaparecidos han enfrentado una búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor. Héctor Roca, hermano de Israel Roca Martínez, relató al medio citado que al principio se pensó en un secuestro, dada la ausencia de amenazas previas y la integridad de los funcionarios.
Sin embargo, la falta de información y las versiones contradictorias de los exparamilitares han dificultado la localización de los restos. “La esposa de mi hermano ha estado en varias exhumaciones y han rescatado algunos cuerpos, pero no han sido los de los muchachos”, explicó Roca. A pesar de más de 100 excavaciones guiadas por indicios de “El Tigre”, los cuerpos no han sido hallados.
El sufrimiento de las familias se ha visto agravado por tragedias adicionales. Justa Correa, madre de Edilberto Linares Correa, perdió a otros dos hijos, Euclides y Ustacio Linares, que murieron en circunstancias violentas mientras buscaban a su hermano desaparecido. Sus cuerpos fueron encontrados flotando bajo un puente en la vía de Ciénaga a Santa Marta, un año después de la desaparición de Edilberto.
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