Un hombre de Bucaramanga fue condenado a 34 años de prisión tras ser hallado culpable de abuso sexual infantil contra sus dos hijas menores.
Según informó El Universal, el procesado inducía a las niñas, de 12 y 13 años, al consumo de alcohol y estupefacientes antes de someterlas a vejámenes sexuales.
El caso ha generado alarma en Colombia, en medio de un aumento sostenido de denuncias por delitos sexuales contra menores.
Condena en Bucaramanga y detalles judiciales
La sentencia, dictada por un juez con funciones de Conocimiento, responde a hechos ocurridos entre 2021 y 2022, cuando las víctimas quedaron bajo el cuidado de su padre, quien trabajaba como conductor.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, todos en su modalidad agravada.
La decisión judicial establece que el condenado deberá cumplir la pena en un centro carcelario.
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Las investigaciones determinaron que el acusado aprovechaba sus recorridos laborales para llevar consigo a las niñas, quienes eran sometidas a abusos sexuales tras ser inducidas al consumo de sustancias.
El Universal detalló que la defensa del sentenciado presentó un recurso de apelación, aunque la Fiscalía sostiene que las pruebas aportadas durante el proceso son contundentes y ratifican la responsabilidad del acusado.
Casos adicionales y cifras de abuso sexual infantil en Colombia
En paralelo, El Universal reportó un caso similar en Cartagena, donde un hombre fue condenado por abusar sexualmente de su sobrina política, una menor de 9 años, en el barrio Santa Clara. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015, periodo en el que el agresor aprovechaba los fines de semana en que la niña visitaba a su tía para someterla a tocamientos y acceso carnal. La investigación determinó que los abusos se prolongaron durante al menos dos años, hasta que la víctima cumplió 11 años.
El contexto nacional revela una problemática estructural. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hasta octubre de 2024 se han reportado 15.294 casos de abuso sexual contra menores en Colombia. El informe del Icbf también documenta 1.427 episodios de violencia física y 989 de violencia psicológica contra niños, niñas y adolescentes, lo que evidencia la complejidad y gravedad de la situación.
Las cifras oficiales muestran que la violencia contra menores no solo persiste, sino que tiende a incrementarse. En 2023 se registraron 19.065 casos de violencia sexual infantil, y en los primeros diez meses de 2024 se observa un aumento del 8% en las denuncias por delitos contra menores, alcanzando 78.124 reportes frente a los 71.851 del año anterior.
La Policía Nacional, a través de la teniente coronel Claudia Suárez Carrillo, jefa de Infancia y Adolescencia, precisó que los menores de 6 a 12 años constituyen el grupo más afectado, con 40.026 víctimas, y que el 56% de los casos corresponde a niñas. Además, el 95% de los menores afectados reside en zonas rurales, donde la intervención estatal resulta más limitada. Los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Tolima concentran la mayor cantidad de denuncias.
Entre los delitos más frecuentes figuran la violencia intrafamiliar, con 17.940 casos, la inasistencia alimentaria, con 9.919 denuncias, y los actos sexuales abusivos, que suman cerca de 11.000 reportes. Las autoridades advierten que el subregistro sigue siendo un obstáculo para dimensionar la magnitud real del problema, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo, intimidación o falta de acceso a canales de apoyo y justicia.
Prevención, atención y corresponsabilidad social
Frente a este panorama, el Icbf y otras entidades han intensificado los llamados para fortalecer las estrategias de prevención, atención y denuncia, tanto desde el ámbito institucional como comunitario. La directora del ICBF subrayó la corresponsabilidad social en la protección de la infancia, afirmando que “es un deber de todos velar por el bienestar de nuestros niños”.
La persistencia y el aumento de la violencia contra menores en Colombia evidencian la urgencia de reforzar los sistemas de prevención, educación y denuncia, así como de garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias. La magnitud de este fenómeno exige una respuesta colectiva y decidida para proteger a la niñez del país.
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