El Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo de tutela que ordenó la libertad inmediata del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, el martes 19 de agosto. La determinación judicial fue adoptada tras una revisión de la decisión en primera instancia de la jueza Sandra Liliana Heredia, que había dictado una condena de doce años y ordenado su detención domiciliaria, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
En un documento de 38 páginas, la Sala Penal del Tribunal concluyó que los fundamentos utilizados para la privación de libertad eran “vagos, indeterminados e imprecisos”. La ponencia, presentada por el magistrado Leonel Rogeles, indicó que los hechos atribuidos a Uribe estaban relacionados con personas determinadas y no con la colectividad, lo que en su análisis hacía incomprensible la necesidad de una medida inmediata de detención para preservar la convivencia social.
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Con esta decisión, el Juzgado 44 Penal del Circuito recibió la orden de expedir de forma inmediata la boleta de libertad que restituyó los derechos de movilidad al exmandatario. La determinación se convirtió en un nuevo episodio dentro del proceso judicial que ha tenido amplio alcance político en Colombia.
Pero, lo que llamó la atención fue que la decisión no pasó desapercibida en escenarios internacionales. Una de las primeras en pronunciarse fue la congresista republicana María Elvira Salazar, representante del distrito 27 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La legisladora, de origen cubano y con una trayectoria previa en el periodismo, recurrió a su cuenta oficial en la red social X para mostrar su respaldo a la libertad concedida al expresidente colombiano.
En su mensaje, Salazar escribió: “¡Uribe libre, la verdad resiste! 🇨🇴 No es el fin del caso, pero es una victoria contra la persecución política que quería privarlo de su sagrada libertad. La izquierda no pudo encarcelar al hombre que salvó a Colombia. Uribe sigue firme. Petro, cada vez más solo”.
Aunque el mensaje de la congresista estadounidense estuvo enfocado en respaldar al expresidente y líder del partido Centro Democrático, también incluyó una crítica dirigida al presidente Gustavo Petro.
De forma directa, la legisladora sugirió que el mandatario colombiano estaría relacionado con las decisiones judiciales que llevaron a la condena de Uribe, lo que presentó como un intento de la izquierda en el poder de debilitar políticamente al exmandatario, sin haber logrado su propósito.
La condena contra el expresidente que puso la mirada de la comunidad intencional sobre Colombia
El 1 de agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria tras hallarlo culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión fue adoptada por la jueza Sandra Liliana Heredia, que también impuso una multa de más de 3.400 millones de pesos y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante ocho años.
El proceso judicial se originó en 2012, luego de una denuncia del entonces senador Iván Cepeda, que señalaba posibles vínculos de Uribe con paramilitares. Durante el juicio se consideraron pruebas como interceptaciones telefónicas, grabaciones y testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, su esposa y el propio senador. Según la jueza, estas evidencias confirmaron la intención de manipular testigos.
Fue el primer expresidente colombiano en recibir una condena penal, lo que significó un precedente dentro de la justicia nacional. Aunque fue absuelto del cargo de soborno simple, sus seguidores y su bancada sostuvieron que el proceso estuvo lleno de irregularidades e inconsistencias. Por esa razón, su abogado Jaime Granados apeló la decisión y, a través de una tutela, logró que su cliente recuperara la libertad.
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