
Un nuevo ataque terrorista en contra de la fuerza pública cobró la vida de un uniformado en el norte del país.
Sobre la 10:30 a. m. del martes 19 de agosto de 2025, el subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo se encontraba realizando labores de patrullaje en el municipio de Tarra, departamento del Norte de Santander, cuando fue atacado por un francotirador del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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De acuerdo con las declaraciones entregadas por el comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander a Caracol Radio, la víctima se encontraba en las inspecciones de rutina en el territorio: “Estaban en el desarrollo normal de sus actividades, en el control de lo que es la labor policial, solicitud de los antecedentes penales, revisión de vehículos, control de motocicletas, todo lo que tiene que ver con nuestra labor, y lamentablemente es asesinado por un bandido del ELN”.
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Dio por hecho la responsabilidad del grupo criminal, pues no hay otro que se encuentre asentado en esa zona del departamento, y sabe que es momento oportuno para denunciar una vez más a esta estructura terrorista que pretende atemorizar a la ciudadanía: “Lo único que quiero poner en conocimiento es que muchas veces esta organización criminal lo único que hace es precisamente sembrar el miedo, pidiendo ciertas ventajas en el aspecto militar y policial para hacer este tipo de acciones”, añadió.
De acuerdo con Ocaña Hoy, portal informativo local, Ortiz Ocampo, tenía 32 años y dejó a dos hijos. Era oriundo de Cali, Valle del Cauca, pero se radicó en Mocoa, Putumayo, para cumplir con sus labores. Además, cuenta con 61 felicitaciones y una medalla honorífica por sus servicios.
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El director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, se pronunció por su cuenta de X, calificando este hecho como parte de “acciones demenciales”.
“Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal que segó la vida de nuestro subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo en momentos en que el uniformado cuidaba a los habitantes del municipio El Tarra (Norte de Santander)”, escribió.
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Triana Beltrán envió un sentido mensaje de solidaridad para su núcleo familiar: “Nuestro acompañamiento y solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal dirigidas a dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia”.
Y ratificó la ofensiva en contra de los grupos terroristas, que tiene como uno de sus principales blancos a los miembros de la fuerza pública: “Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor en Colombia”.
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Desde el Ministerio de Defensa se ofrecieron $200 millones de recompensa a la persona que contribuya con información de la ubicación e identidad del o los responsables de este acto criminal que enluta a una familia y a una institución de la fuerza pública.
Durante 2025, la violencia en contra de la fuerza pública en Colombia ha mantenido niveles preocupantes, expresados en ataques armados, hostigamientos, emboscadas y atentados contra miembros de la Policía Nacional y el Ejército. Este panorama se enmarca en las acciones de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas.
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A pesar de los intentos del Gobierno nacional por avanzar en diálogos de paz y someter a la justicia a estos grupos, los enfrentamientos persisten en zonas clave como el suroccidente, el nororiente y la región del Catatumbo. Las retaliaciones suelen intensificarse tras operativos de captura de jefes criminales o la incautación de cargamentos de droga.
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