Gregorio Eljach, titular del organismo, ratificó que la investigación por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes seguirá en desarrollo, pese a la renuncia de Saade a la jefatura de despacho de la Presidencia de Colombia.
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La filtración de un borrador de decisión sobre una posible suspensión por tres meses encendió las alarmas en sectores políticos y de opinión. Aunque el documento menciona la sanción, el funcionario responsable aclaró que carece de efecto legal mientras no sea firmado oficialmente.
“El proceso no va a cesar”, puntualizó el jefe del organismo, quien describió como no vinculante el borrador divulgado recientemente.
Según la información recabada por la Procuraduría, la conducta de Saade es analizada bajo la figura de “falta gravísima dolosa” según el Código General Disciplinario.
Los hechos materia de investigación se relacionan con el presunto intento de influir en favor de la Imprenta Nacional tras la llegada de Saade al despacho presidencial. El funcionario indicó que actualmente se recopilan pruebas y testimonios que permitan determinar la responsabilidad de los implicados.
En caso de que se decrete una suspensión, la sanción podría inhabilitar a Saade para ejercer funciones públicas, incluyendo cualquier representación ante gobiernos extranjeros. Esta advertencia adquiere importancia dada su nominación pendiente en la embajada colombiana en Brasil.
La causa no se limita a un solo funcionario. El proceso contempla a otros exservidores y excancilleres que también habrían tenido intervención en la licitación de pasaportes.
Las medidas cautelares están en evaluación para evitar que eventuales movimientos administrativos interfieran en las pesquisas, de acuerdo con lo expresado por la autoridad disciplinaria.
La controversia pública se alimentó de la coincidencia temporal entre la publicación del borrador, la salida de Saade de la Casa de Nariño y su inminente designación como diplomático.
Aunque se han planteado distintas interpretaciones sobre el alcance de la investigación, el organismo subrayó que este tipo de filtraciones no tiene consecuencias jurídicas y que las indagaciones continuarán conforme al procedimiento establecido.
El Tiempo reveló que la salida de Alfredo Saade obedecería a la suspensión que la Procuraduría General de la Nación planeaba imponerle por su gestión en el tema de pasaportes.
Según el citado medio de comunicación, la decisión del presidente Gustavo Petro se habría dado para mantener a Saade en el Gobierno, debido a que la suspensión solo opera en la jefatura de gabinete, pero en caso de ser hallado responsable, quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.
El documento tiene como ponente a Esiquio Sánchez, que había determinando, según El Tiempo, suspender a Alfredo Saade por tres meses mientras avanzaba la investigación.
Según Sánchez, el ‘pastor’ Saade “podría utilizar las potestades que su empleo le concede, para intervenir en la gestión e implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes”.
El expediente de la Procuraduría, revelado por El Tiempo, dejaría ver que Alfredo Saade dio órdenes a funcionarios de la Cancillería.
“Les solicitó racionalizar la asignación de citas para la expedición de pasaportes con el fin de asegurar la disponibilidad de libretas durante una mayor cantidad de tiempo”, se lee en el expediente.
Esiquio Sánchez tuvo en cuenta la reunión del 27 de junio, donde Saade habría pedido a funcionarios de la Cancillería que el trámite debería realizarse de inmediato para poder firmar con Portugal y poner a trabajar a la Imprenta Nacional.
El Tiempo reveló que la Procuraduría tuvo en cuanto las declaraciones de cinco funcionarios de la Cancillería, entre ellos, la del viceministro Mauricio Jaramillo.
Para el Ministerio Público, según lo revelado por el citado medio de comunicación, Saade habría incurrido en tres faltas disciplinarias graves.
“Alfredo Saade comprendía el alcance de los hechos, de su actuar y, además, tenía plena capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión, así en cuanto a la exigibilidad del cumplimiento del deber, tenía la posibilidad de ajustar su comportamiento a los deberes que se imponen a todo servidor público”, se lee en el expediente.
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