La decisión del presidente Gustavo Petro de adelantar la licitación de Canal Uno fue considerada por políticos, expertos y otros sectores como un ataque a la libertad de prensa.
Fuentes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) expresaron a El Tiempo su postura respecto al debate jurídico que surge tras la decisión del jefe de Estado.
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Aseguraron que no existe una concesión vigente del Canal Uno después del 4 de mayo de 2027, fecha en que termina el contrato 001 de 2017, firmado por la Autoridad Nacional de Televisión, hoy Ministerio de las Tic, con Plural Comunicaciones S.A.S. por $107.000 millones.
“Aunque la Ley 1978 de 2019 permite extender dicha concesión de espacios de televisión hasta por 20 años, esta posibilidad no implica una prórroga automática ni gratuita; así lo establece expresamente dicha normativa”, indicaron fuentes del Mintic a El Tiempo.
Precisaron al citado medio de comunicación que el artículo 34 de la ley menciona que las prórrogas deben realizarse bajo condiciones de pago y concurso, donde también se debe tener en cuenta la Ley 1150 de 2007.
El artículo citado por las fuentes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones indica que “las concesiones de espacios de televisión del canal nacional de operación pública (...) tendrán un término de duración de veinte (20) años, que serán prorrogables hasta por veinte (20) años. Esta disposición será aplicable a los contratos de concesión de espacios de televisión del canal nacional de operación pública (...). En ningún caso, la prórroga será gratuita ni automática”.
Por tal motivo, insistieron a El Tiempo que el Canal Uno “es un canal público” y que la concesión no permite una “extensión automática” al contrato que va hasta 2027.
“No puede entenderse la ley como una herramienta para entregar indefinidamente un bien público a operadores privados, mucho menos sin concurso, sin contraprestaciones justas y sin evaluación”, precisaron las fuentes del MinTic al citado medio de comunicación.
Así las cosas, indicaron que la decisión “que afecte el futuro del Canal Uno debe hacerse bajo principios de transparencia, mérito, interés público y pluralidad, garantizando que el canal siga cumpliendo su función como medio de información, cultura y servicio para todos los ciudadanos”.
Detalles del caso
El presidente Gustavo Petro ha mencionado que el contrato de Canal 1 concluye en 2027. Sin embargo, los datos oficiales presentan una versión diferente. Ramiro Avendaño, presidente del Canal Uno, aseguró: “La concesión de Canal Uno está vigente hasta mayo del 2037 por ley de la República. Además, desconocemos las intenciones políticas detrás del matoneo sistemático con un medio libre y plural que defiende la democracia, la libertad de prensa y representa los intereses de todos los colombianos”.
El contrato vigente de Canal 1 fue adjudicado en 2017 a través de un proceso de licitación pública organizado por la Autoridad Nacional de Televisión (Antv). Plural Comunicaciones SAS, conformada por CM&, NTC, RTI y HMTV1, fue la empresa seleccionada, luego de pagar más de 117.000 millones de pesos para operar la señal.
Posteriormente, la Ley 1978 de 2019 modificó la vigencia del permiso. El artículo 12 de esta ley establece que los permisos sobre el uso del espectro radioeléctrico pueden extenderse hasta un máximo de 20 años. De este modo, el plazo definido para la operación de Canal 1 finaliza el 30 de abril de 2037.
Las afirmaciones del presidente generaron reacciones en el ámbito político. El partido Centro Democrático sostuvo que este tipo de decisiones puede interpretarse como un intento de afectar la independencia de un medio y puede poner en riesgo la libertad de prensa y el pluralismo informativo.
“Imponer mordazas y perseguir la televisión privada es propio de dictaduras y eso es exactamente lo que intenta hacer el gobierno de Gustavo Petro con Canal 1”, expresó la colectividad.
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