El caso de Andrea Valdés reveló una serie de omisiones y fallas estructurales en el sistema penitenciario colombiano. Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, se conoció que el bebé de la víctima tiene dos meses y que solo ahora comienzan a esclarecerse los hechos que rodearon su gestación. La información presentada ante el juzgado 29 penal municipal con función de control de garantías de Medellín permitió identificar que la verdad sobre el abuso y sus consecuencias permaneció oculta durante meses, mientras la víctima continuaba privada de la libertad.
La Fiscalía General de la Nación formalizó cargos contra Cristian Camilo Alvarado y Diego Stiven Castaño, ambos dragoneantes del Inpec, por los delitos de acceso carnal violento en concurso homogéneo y, en el caso de Castaño, también prevaricato por omisión en concurso heterogéneo. Según la acusación, los hechos ocurrieron en la celda número 15 de la cárcel Pedregal de Medellín, un espacio caracterizado por la ausencia de vigilancia directa y la falta de cámaras cercanas, lo que facilitó la comisión de los abusos en un contexto de total indefensión para la reclusa.
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La investigación determinó que las agresiones sexuales se registraron entre agosto y septiembre de 2024, periodo en el que Andrea Valdés permanecía en una celda de tratamiento especial bajo custodia de los ahora imputados. La Fiscalía sostuvo que la víctima fue sometida a dos episodios de abuso sexual, ambos perpetrados en condiciones de aislamiento y sin supervisión institucional efectiva. Como resultado de estos hechos, Andrea quedó embarazada y, tras pruebas realizadas a finales de julio, se confirmó que el padre del bebé es el dragoneante Diego Stiven Castaño Sánchez, que fue el segundo en violentarla.
La captura de los dos funcionarios del Inpec se realizó en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia), respectivamente, tras la denuncia presentada por la propia víctima. El ente acusador, subrayó la gravedad de los delitos imputados y la responsabilidad de los custodios en garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad. El caso puso en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en reclusión y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia en los centros penitenciarios.
Actualmente, Andrea Valdés permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, mientras avanza el proceso judicial contra los dragoneantes. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento está programada para el próximo martes 19 de agosoto de 2025.
El expediente del caso de Andrea Valdés
La Fiscalía General de la Nación cuenta con varios elementos de prueba en el expediente. Un video del circuito de seguridad registrado el 5 de septiembre de 2024 muestra el ingreso de Diego Stiven Castaño Sánchez al área de aislamiento donde estaba Andrea Valdés a las 7:56 p. m., y su salida más de tres horas después, poco después de un corte inesperado de energía.
Esta secuencia respaldó el relato de la víctima. Además, en la minuta de control, el propio dragoneante Castaño reportó que no observó ninguna “novedad” en la celda, declaración que ahora es materia de investigación.
El reportaje de Noticias Caracol también informó de llamadas intimidatorias que habría recibido Valdés, atribuidas a personal del Inpec según la triangulación de registros telefónicos realizada por la Policía Judicial.
El exsubdirector del penal, Carlos Arturo Yepes, removido de su cargo, y el entonces director Pablo Yamid Ramírez Peña también están siendo investigados.
Yepes habría dicho a Valdés: “A los sapos les pasaba eso, que era mejor tener la boca cerrada”. Ramírez Peña manifestó que consideraba “inconcebible” el embarazo, argumentando que Valdés no tenía autorización de visitas íntimas. Ambos ofrecieron sus versiones durante las diligencias internas.
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