La permanencia de Daneidy Barrera Rojas, reconocida como Epa Colombia, en la cárcel El Buen Pastor podría llegar a su fin.
En las últimas horas surgió información sobre la posible reubicación de la influenciadora a La Estación de Carabineros de la Policía de Bogotá, medida que no implicaría su salida de prisión, pero sí un cambio significativo en sus condiciones de reclusión, según información revelada por el portal www.caracoltv.com.
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La creadora de contenido digital cumple desde enero de 2025 una condena de cinco años y dos meses por dañar una estación de Transmilenio durante las protestas de 2019.
Desde el día de su captura por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en medio de un caso rodeado de atención mediática, Barrera ha hecho uso de todos los recursos legales para cambiar su situación carcelaria.
Durante su tiempo en El Buen Pastor, la mujer ha solicitado beneficio de detención domiciliaria. El argumento presentado giró en torno a su rol como madre de familia y empresaria en un caso que ha movilizado a seguidores y allegados.
Sin embargo, tanto el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas como la Corte Suprema de Justicia negaron esa alternativa por la gravedad del delito, tipificado como instigación a delinquir con fines terroristas.
La posible reubicación de Epa Colombia respondería a una disposición del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que habría atendido instrucciones directas del presidente de la República, Gustavo Petro, a raíz del seguimiento y la presión mediática generada por el caso.
De confirmar este traslado, la influenciadora abandonaría el centro penitenciario donde permanece hace siete meses para pasar a La Estación de Carabineros de la Policía de Bogotá, lugar en el que cumplen penas figuras señaladas en procesos de alto perfil.
Entre las personas que actualmente permanecen privadas de la libertad en ese centro se encuentran Sandra Ortiz, exconsejera presidencial involucrada en el caso de corrupción de la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), y Margareth Chacón, vinculada al proceso judicial por la muerte de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado en Cartagena.
Este lugar ofrece condiciones de reclusión diferentes, lo que podría aliviar la situación de Barrera en comparación con El Buen Pastor.
Desde su captura en enero de 2025, la defensora de sus intereses ha impulsado tutelas y recursos apoyados por seguidores, que resaltan su condición de madre y el impacto laboral positivo de su empresa de productos capilares.
Las reiteradas solicitudes para que se le concediera detención domiciliaria fueron rechazadas por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas.
Según ese despacho, la naturaleza de los delitos involucrados imposibilita cualquier flexibilización carcelaria, decisión compartida luego por la Corte Suprema.
Mientras se resuelve esa solicitud, la condenada sigue participando en los programas laborales internos del centro de reclusión, una medida que, según fuentes oficiales, podría facilitar una eventual disminución en el tiempo total de su pena.
Por qué se condenó a Epa Colombia
La condena a Epa Colombia se originó tras la destrucción de una estación de Transmilenio durante el estallido social del 2019. El fallo judicial, ampliamente difundido establece que Barrera no solo participó en los hechos, sino que difundió su accionar a través de redes sociales, lo que agravó su situación legal bajo el cargo de instigación a delinquir con fines terroristas, considerado un delito de especial gravedad por la Fiscalía.
Desde el momento de su detención, Epa Colombia recibió manifestaciones de respaldo de parte de seguidores y organizaciones que reclamaban la revisión de su situación a la luz del impacto social positivo atribuido a su empresa, que genera decenas de empleos directos e indirectos.
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