La Fiscalía General de la Nación comunicó que se imputaron cargos a Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín, y a Estefanía Cuervo Sánchez, por supuestas anomalías en un contrato interadministrativo firmado el 29 de junio de 2023 entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús, durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero Calle.
Torres Ojeda, designado secretario de Movilidad un día antes de la firma del contrato, es investigado como presunto autor de falsedad ideológica en documento público, mientras que Cuervo Sánchez enfrenta acusaciones como coautora del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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Según la información que recogió Caracol Radio, el acuerdo, por un valor de $15.053 millones, tenía como propósito el mantenimiento de la malla vial de la ciudad, actividad que, según las autoridades, no guarda relación directa con el funcionamiento de Metroplús.
De acuerdo con el ente acusador, el contrato no cumplió con los requisitos legales obligatorios; carecía de los estudios previos exigidos, no fue publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) y omitió la presentación de informes de supervisión necesarios.
Además, el documento se suscribió el mismo día en que empezó la prohibición legal para celebrar contratos directos bajo la Ley de Garantías.
Juez admitió pruebas en otro caso de presunta corrupción por contratos de zonas verdes, en alcaldía de Daniel Quintero
El 13 de agosto de 2025 se conoció que un juez de Medellín aceptó la solicitud de pruebas presentada por la Fiscalía en el proceso penal que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación y ampliación de contratos para el mantenimiento de zonas verdes en la ciudad, durante la alcaldía de Daniel Quintero.
Entre los implicados se encuentran la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, varios excontratistas y Luz Eliana Henao, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano.
La audiencia preparatoria, realizada previamente, permitió que el despacho judicial también descartara algunas pruebas propuestas por la defensa, por considerarlas no útiles o pertinentes. Estas decisiones ya fueron objeto de recursos de apelación que deberán ser resueltos por el Tribunal Superior de Medellín antes de que el caso pase a la etapa de juicio.
Según explicó Piedad Restrepo, vocera de la veeduría ciudadana Todos X Medellín, los demandantes esperan que la resolución de los recursos se produzca en los próximos dos o tres meses.
Los acusados enfrentan cargos por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.
La Procuraduría General de la Nación ya había sancionado a Urrego y Liévano con nueve años de destitución e inhabilidad por ampliar, sin justificación válida, un contrato valorado en más de 5.200 millones de pesos, originalmente pactado para tres meses pero extendido por más de cuatro.
La extensión del contrato fue atribuida a medidas adoptadas durante la pandemia de Covid-19, aunque el ente de control consideró que la prórroga no estuvo debidamente fundamentada y favoreció intereses particulares ajenos al buen uso de los recursos públicos.
El avance de las investigaciones ha convertido a la gestión de Quintero en el epicentro de uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en la historia reciente de la ciudad.
La Fiscalía sostiene que existen pruebas de malversación de recursos públicos, direccionamiento de contratos a empresas familiares, emisión de documentos contrarios a la ley y otros delitos contra la administración pública.
La magnitud de los casos ha llevado a observadores y organizaciones a preguntarse si, de continuar emergiendo evidencias, se consolidará un macroproceso judicial, similar al que se vivió en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
El caso Aguas Vivas representa el expediente más voluminoso y el único que involucra directamente a Daniel Quintero. Según El Colombiano, la Fiscalía acusa a al menos 13 personas —entre exfuncionarios y particulares— de haber participado en una presunta operación fraudulenta para que el municipio pagara más de $42.000 millones a privados relacionados con un lote de 147.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y Las Palmas.
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