Trece hospitales públicos del departamento de Boyacá encendieron las alarmas y declararon una crisis financiera que amenaza con detener su funcionamiento.
La situación se ha vuelto crítica debido a una deuda acumulada que asciende a $822,000 millones, generada principalmente por el incumplimiento de pago por parte de varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Eapb) y otras instituciones responsables de girar los recursos a los hospitales públicos.
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Los hospitales han hecho público su malestar por la gravedad del panorama. Portavoces de estos centros médicos informaron que no han recibido el giro correspondiente al 80% del valor facturado y radicado de la cartera corriente, lo cual es especialmente preocupante teniendo en cuenta que estos pagos son fundamentales para mantener en operación los servicios médicos y garantizar la atención a miles de usuarios.
La principal causa de esta falta de liquidez son las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran bajo intervención administrativa o vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Dichas EPS no han cumplido con los pagos en los plazos establecidos, lo que evidencia una falla estructural en el sistema de salud.
“En los últimos meses, no se ha efectuado el giro del 80% del valor facturado y radicado correspondiente a la cartera corriente, tal como lo establece la normatividad, especialmente por parte de las EPS bajo medidas de vigilancia especial o intervención administrativa. Esta falta de pago está afectando de manera directa la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones, limitando la capacidad de respuesta y poniendo en riesgo la continuidad delos servicios que prestamos a la población”, reza un comunicado divulgado por las entidades de salud.
Adicionalmente, advirtieron que de no solventarse la deuda de más de $82.000 millones, los servicios podrían suspenderse parcial o totalmente por falta de insumos, medicamentos y recursos para el funcionamiento cotidiano. El impacto se sentiría directamente en la población usuaria, que podría quedarse sin atención adecuada en plena emergencia o frente a enfermedades de alta prevalencia.
Voceros de los hospitales subrayaron que las deudas no solo ponen en riesgo la salud de los boyacenses, sino también el empleo de miles de trabajadores que dependen de estas instituciones para su sustento, por lo que numerosos contratos de personal médico y asistencial se encuentran en peligro de ser suspendidos o no renovados, agravando la situación laboral del sector.
“Actualmente, según datos tomados de la Contaduría General de la Nación al Junio 2025, la Deuda Total Acumulada que las Eapb mantienen con los 13 hospitales públicos del orden departamental asciende a un aproximado de $822.116.280.796, cifra que refleja la magnitud de la crisis que atravesamos y que compromete gravemente nuestra operación”, explica el documento.
De acuerdo con las cifras divulgadas por las entidades, la más afectada es EL Hospital Universitario San Rafael de Tunja, cuya cartera acumulada por las EPS y las Eapbs asciende a más de $269.000 millones; seguido por el Hospital Regional de Duitama cuya cifra supera los $131.000 millones; y por el Hospital Regional de Sogamoso que concentra $72.000 millones de la deuda.
A su vez, hicieron un llamado a las EPS y demás entidades responsables de las carteras para que realicen los pagos correspondientes para, asimismo, garantizar la operación de los centros hospitalarios que cumplen el derecho fundamental a la salud de los habitantes de Boyacá.
“Hacemos un llamado urgente y respetuoso a las EPS y entidades responsables de pago, así como a las entidades competentes, para que se garantice el flujo oportuno de recursos, permitiendo el mantener la operatividad de nuestras instituciones y asegurar el derecho fundamental a la salud de todos los boyacenses”, precisaron las instituciones.
Finalmente, las entidades reiteraron su compromiso con la atención de los pacientes, por lo que, por el momento, no suspenderán sus labores ante la crisis.
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