Así retrató el reconocido diario The Economist el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “¿Un mártir en proceso?”

La prestigiosa revista británica The Economist ha puesto sus ojos sobre Colombia, relatando con un tono sombrío y reflexivo el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el impacto que este hecho podría tener en el futuro político del país.

Bajo el título “¿Un mártir en proceso?”, el medio traza un paralelismo inquietante entre la muerte del joven senador y la historia trágica de su madre, la periodista Diana Turbay, víctima de la violencia del narcotráfico hace más de tres décadas.

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En su cobertura, The Economist abre con una frase que encapsula el peso histórico de los hechos: “La historia puede repetirse de maneras terribles”. La publicación recuerda que en enero de 1991, Diana Turbay, hija de un expresidente y periodista de investigación, fue asesinada por orden de Pablo Escobar mientras indagaba sobre el asesinato de candidatos presidenciales en uno de los periodos más violentos del país.

Miguel Uribe Turbay tenía apenas cuatro años cuando perdió a su madre. Tres décadas después, en octubre de 2024, decidió iniciar su campaña presidencial en el mismo lugar donde ella fue asesinada. “Sufrí de primera mano el mismo dolor que han vivido millones de colombianos”, declaró entonces, comprometiéndose a terminar con la violencia que ha arrebatado “vidas, esperanzas y sueños”.

El 11 de agosto, ese compromiso se truncó: Uribe Turbay murió en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá tras recibir tres disparos el 7 de junio mientras hacía campaña. Para The Economist, se trató del “peor acto de violencia política en el país en 35 años”, una tragedia que dejó nuevamente a un niño de cuatro años huérfano, repitiendo la historia de su propio padre.

Un país conmocionado y un clima de incertidumbre

La revista describe un país en duelo: banderas a media asta, tres días de luto decretados por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán —que también perdió a su padre, Luis Carlos Galán, asesinado en 1989— y una ciudadanía que teme el regreso de una violencia política que creían superada.

The Economist también señala la reacción internacional, como la exigencia de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, de obtener “justicia para los responsables”. Sin embargo, el semanario advierte que no hay claridad sobre quién ordenó el crimen.

El Gobierno de Gustavo Petro apunta a la Segunda Marquetalia, pero los expertos en seguridad citados por la publicación dudan de esta versión y anticipan que la Fiscalía difícilmente tendrá respuestas antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2026.

El medio británico destaca las críticas de la oposición al Gobierno, como las palabras de la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila: “Asesinaron a un candidato de oposición y su gobierno no lo protegió”. Además, cuestiona la efectividad de la política de “Paz Total” de Petro, que buscaba negociar con todos los grupos ilegales, pero que, según el análisis, ha coincidido con un aumento de la ilegalidad y los secuestros.

Un golpe a la paz y a la derecha colombiana

En su análisis, The Economist recoge la postura del expresidente Juan Manuel Santos, que considera el asesinato de Uribe “un gran golpe al acuerdo de paz” firmado en 2016 con las Farc. Santos afirmó que el pacto se diseñó precisamente para evitar hechos como este, ofreciendo garantías de seguridad a la oposición, y critica la lenta implementación tanto en el actual gobierno como en el anterior.

La publicación subraya que la muerte de Miguel Uribe Turbay deja a la derecha sin un candidato fuerte. Formado en Harvard y respaldado por el expresidente Álvaro Uribe, el senador había escalado al primer lugar en las encuestas tras el atentado de junio. Sin embargo, la situación se complica con la condena a 12 años de detención domiciliaria del expresidente, debilitando aún más la cohesión del Centro Democrático.

En su cierre, el medio deja latente la pregunta que titula el artículo: ¿es Miguel Uribe un mártir en proceso? Para la revista, la respuesta no depende solo de la memoria pública, sino de la capacidad del Estado para garantizar que tragedias como esta no se repitan y que la violencia no vuelva a dictar el rumbo de la política colombiana.