La detención de dos ciudadanos colombianos en la isla Santa Rosa, a manos de la Policía Nacional de Perú, intensificó las tensiones en la frontera amazónica.
Los trabajadores, identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, fueron sorprendidos realizando labores de georreferenciación en la zona portuaria, según informó la prensa peruana.
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Aunque el tránsito entre ambos países es habitual en la región, las autoridades peruanas sostienen que este tipo de actividades técnicas requiere autorización previa, mientras en Colombia se insiste en que formaban parte de un contrato oficial de infraestructura.
En medio de este panorama, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, elevó el tono de la discusión con un mensaje publicado en su cuenta de X: “El ejercito de Perú secuestró y mantiene desaparecidos a dos ingenieros del gobierno colombiano que estaban realizando tareas topográficas en la Isla de Santa Rosa. O nos los entregan o vamos por ellos”.
Junto a esta afirmación, difundió un video en el que sostuvo: “El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de informar que el Ejército de Perú, de forma ilegal y violando nuestra soberanía y los tratados internacionales, secuestró y mantiene desaparecidos a dos ingenieros colombianos que estaban realizando tareas topográficas en la región. Exigimos su liberación inmediata y el cese de los planes expansionistas de la dictadura peruana sobre el territorio colombiano”.
Seguido, aseguró: “El retiro de las tropas del Ejército peruano y el cese de las ofensas de sus altos funcionarios que han amenazado incluso con apropiarse no solo de la isla de Santa Rosa, sino también del municipio de Leticia, desconociendo claro los tratados internacionales. Colombia se respeta y la haremos respetar”.
Los trabajos en disputa y la versión del Gobierno colombiano
De acuerdo con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, los dos trabajadores estaban vinculados al Consorcio Inges & M2020 y cumplían funciones dentro del contrato de Invías 1729 de 2020, cuyo objetivo es “la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia”.
La funcionaria explicó que “dos trabajadores, un inspector de obra y un topógrafo realizaban estudios de batimetría dentro del contrato de Invías 1729 de 2020 en Leticia”.
Agregó que “el inspector de obra Juan Daniel Torrado (interventoría) y el topógrafo Carlos Sánchez (obra) contrataron a John Willington Ama para el servicio de lancha y se desplazaron a la isla de Santa Rosa”. Torrado logró regresar a Leticia, pero el topógrafo y el lanchero fueron trasladados a la comisaría del municipio peruano de Santa Rosa de Loreto, en la misma isla que conforma, junto a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), la triple frontera amazónica.
Este incidente sucede en un contexto de creciente militarización de la zona. Desde que se reavivó la disputa territorial, Perú ha reforzado su presencia en el área con tropas del Ejército y de la Marina de Guerra, realizando operativos de control e identificación.
El 11 de agosto, la Cancillería de Perú protestó formalmente por la izada de una bandera colombiana en la isla Chinería, la cual considera territorio soberano peruano. En un comunicado, indicó: “El Gobierno del Perú ha tomado conocimiento con preocupación de la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería -distrito de Santa Rosa de Loreto- que constituye territorio soberano peruano”.
Posteriormente se supo que el responsable de esta acción fue el propio Daniel Quintero. Desde Lima, la Cancillería consideró que “acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas”.
En julio, Perú oficializó la creación del distrito de Santa Rosa, lo que provocó una protesta formal del Gobierno colombiano. Pese a este clima tenso, está programada para el 11 y 12 de septiembre en Lima una reunión técnica binacional para tratar asuntos fronterizos. El desenlace del caso de los trabajadores detenidos podría condicionar el tono de dicho encuentro.
El futuro inmediato de este caso dependerá de las gestiones consulares para lograr la liberación de los detenidos y de la disposición de ambos países para canalizar sus diferencias por vías diplomáticas. En un territorio donde la cooperación ha sido la norma, un mal manejo de la crisis podría transformar la colaboración en confrontación.
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