El miércoles 13 de agosto de 2025 se cumple el tiempo establecido para que se interpongan los recursos de apelación contra el fallo en primera instancia que condenó a 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Aunque el plazo inicial de cinco días hábiles para presentar la apelación vencía el lunes 11 de agosto, la juez de conocimiento Sandra Liliana Heredia accedió a la solicitud de la defensa del exmandatario colombiano y de la Procuraduría General de la Nación, concediendo dos días adicionales para la radicación del recurso, dada la extensión y complejidad de la sentencia.
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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá será la encargada de resolver la apelación de la condena impuesta al expresidente entre 2002 y 2010.
La sentencia, de 1.114 páginas, fue emitida el viernes 1 de agosto de 2025 por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en la que halló a Uribe Vélez responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Además de la pena privativa de libertad, la decisión incluyó una multa de 2.420 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv) y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 100 meses y 20 días (8 años y 4 meses). El beneficio de prisión domiciliaria fue concedido, condicionado al pago de una caución equivalente a cuatro Smlmv.
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Se espera que, dentro de su argumentación en el recurso de apelación, el equipo jurídico del exmandatario argumente que, durante el juicio de primera instancia —que se extendió por cinco meses—, el juzgado omitió la valoración de pruebas documentales, testimoniales y técnicas aportadas por la defensa.
Además, han manifestado que las conclusiones del fallo carecen de sustento jurídico y probatorio, por lo que solicitarán la revocatoria de la sentencia y la absolución de Uribe Vélez.
“Habrá la oportunidad por sujetos públicos de conocerse y debatirse públicamente para que sean honorables de tomar su plazo a votar quien tenga la última palabra al respecto”, expresó Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe, en diálogo con La FM de RCN Radio.
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Apelación de la Procuraduría
El lunes 11 de agosto, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Bladimir Cuadro Crespo, presentó el recurso de apelación al fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe, al considerar que la sentencia de primera instancia adolece de graves deficiencias en la valoración de pruebas y en la aplicación de la figura de la determinación penal, lo que, a juicio del órgano de control, debió haber conducido a la absolución del exmandatario.
En el documento de 81 páginas, el funcionario expuso que la sentencia emitida por el juzgado de conocimiento incurrió en una “incorrecta observación objetiva” de las pruebas, lo que habría derivado en errores en la apreciación de los hechos y en una indebida imputación de responsabilidad al expresidente colombiano.
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El procurador argumenta que la conducta atribuida al expresidente no quedó debidamente establecida y que la omisión de la aplicación del artículo 7 de la ley 906 favorecía la exoneración del procesado. Además, recordó sus alegatos de conclusión, presentados a finales de junio, en donde insistió en que la Fiscalía General no logró demostrar su teoría del caso, por lo que solicitó la absolución total de Uribe Vélez.
“No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, explicó el procurador.
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De igual manera, el documento expresa que “la juez no cuenta con respaldo en el expediente, ya que se evidenció que el propio procesado, a través de medios masivos de comunicación, incitaba a la entrega de información para esclarecer los hechos, dada la naturaleza jurídica de la discusión mientras era congresista”.
El tribunal tendrá hasta el mes de octubre para decidir si avala o niega los recursos presentados por la defensa del expresidente y de la Procuraduría.
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