Consejo de Estado niega pérdida de investidura a María José Pizarro y 27 congresistas del Pacto Histórico

El Consejo de Estado decidió no acoger la solicitud de pérdida de investidura contra 28 congresistas pertenecientes al Pacto Histórico, entre ellos la representante a la Cámara y precandidata presidencial María José Pizarro, de acuerdo con una publicación de la Revista Semana.

La información se conoció después de casi un año de análisis sobre una demanda que acusaba a los legisladores de incurrir en un supuesto conflicto de intereses al presentar una reforma política.

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La acción judicial fue interpuesta por un ciudadano que argumentaba que el proyecto de reforma contemplaba cambios en los topes de financiación de campañas electorales, lo que, a su juicio, beneficiaría directamente a los miembros de esa coalición. Sin embargo, el alto tribunal estableció que la medida, en caso de aprobarse, no tendría un impacto exclusivo sobre los congresistas del Pacto Histórico, sino que aplicaría a todos los integrantes del Legislativo.

En la providencia se precisó que “no puede admitirse la prevalencia de un supuesto beneficio que obligara a la declaración de impedimento”, dado que la eventual modificación afectaría por igual a parlamentarios de diferentes bancadas y podría influir en el cuórum requerido para tramitar iniciativas de este tipo.

El fallo también resaltó que no se encontró evidencia de que la propuesta favoreciera de manera particular a los acusados, a sus familiares cercanos o a sus compañeros permanentes. Además, se aclaró que la modificación no tenía relación con investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas en curso contra los congresistas señalados.

De acuerdo con el Consejo de Estado, la iniciativa no incidía en causas judiciales ya abiertas y tampoco se demostró la existencia de un beneficio directo. En este sentido, se consideró que el elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses no se configuró, lo que llevó a descartar el análisis del elemento subjetivo y, por ende, la discusión sobre si hubo una conducta culposa o dolosa.

La providencia también descartó que el asunto estuviera vinculado con la investigación sobre los presuntos sobrecostos en la campaña presidencial de 2022 del actual presidente Gustavo Petro. Según el alto tribunal, “la decisión administrativa mencionada no involucra, no menciona ni afecta a los aquí convocados o a sus parientes –círculo cercano–, pues solo atañe a las siguientes personas: Gustavo Francisco Petro Urrego, Ricardo Roa Barragán, Lucy Aydee Mogollón Alfonso, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica (UP)”.

El pronunciamiento beneficia a senadores como Álex Flórez Hernández, Pedro Hernando Flórez Porras, Gloria Inés Flórez Schneider, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Sandra Yaneth Jaimes Cruz, Clara López Obregón, María José Pizarro, Jael Quiroga Carrillo e Isabel Cristina Zuleta.

Asimismo, cobija a los representantes a la Cámara Luis Alberto Albán Urbano, Gloria Elena Arizabaleta Corral, Norman David Bañol Álvarez, Jorge Hernán Bastidas Rosero, Gabriel Becerra Yáñez, Jorge Andrés Cancimance López, Fernanda Carrascal Rojas, Susana Gómez Castaño, Dorina Hernández Palomino, Heráclito Landínez Suárez, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, Gabriel Ernesto Parrado Durán, Carmen Felisa Ramírez Boscán, Leyla Marleny Rincón Trujillo, Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo, Gildardo Silva Molina, Pedro José Suárez Vacca, David Alejandro Toro Ramírez y Alirio Uribe Muñoz.

El Consejo de Estado subrayó que, al no demostrarse el elemento objetivo, resultaba improcedente continuar con el análisis de las motivaciones subjetivas de la conducta denunciada. En consecuencia, se negó de manera definitiva la solicitud de pérdida de investidura presentada contra los 28 miembros de la bancada oficialista.

La decisión se enmarca en un contexto de debate legislativo en el que, según Semana, la mayoría de congresistas del Pacto Histórico llegó al Capitolio sin experiencia previa en el manejo de la Ley 5 de 1992, norma que regula el funcionamiento del Congreso, y que han ido conociendo gradualmente durante su gestión.