Primeros hallazgos en la investigación militar sobre ataque sicarialo contra Miguel Uribe Turbay: no hubo requerimiento oficial para aumentar seguridad en el parque El Golfito

A pesar de los avances en las pesquisas sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe, la Fiscalía Penal Militar y Policial detectó una omisión clave: no existió ningún requerimiento oficial para reforzar la presencia policial en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, el mismo día del ataque contra el entonces precandidato presidencial, el 7 de junio.

Esta revelación surgió en el marco de la investigación que busca determinar la posible responsabilidad de los encargados de la seguridad del congresista.

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Según relató en una entrevista exclusiva con La FM el general Marco Aurelio Bolívar, fiscal general Penal Militar y Policial, durante el curso de las indagaciones se constató que tanto la Estación de Policía de Fontibón como la Policía Metropolitana de Bogotá permanecieron sin recibir solicitudes formales para aumentar el dispositivo de uniformados en la zona de los hechos.

“Lo que hemos podido recolectar es que básicamente no hubo un requerimiento oficial, un requerimiento como se requería para efectos de que hubiese una mayor presencia de uniformados allá en la escena en el barrio Modelia y estoy hablando concretamente de un requerimiento a la estación de policía Fontibón o al comando de policía metropolitana Bogotá para que hubiese, reitero, un acompañamiento en punto de la policía de vigilancia”, segun explicó el fiscal general penal militar, general Marco Aurelio Bolívar, en dialogos con La Fm.

Por lo general, la solicitud de este tipo de apoyo corresponde al propio equipo del senador o a los organizadores del evento político, conforme a los protocolos existentes para eventos de esta naturaleza.

No obstante,el medio mencionado indicó que la investigación se centra en explicar por qué no se realizó tal petición, sabiendo que este tipo de actos normalmente requieren refuerzos en seguridad.

Otra de las líneas de investigación apunta a determinar si los miembros del esquema de escoltas de Miguel Uribe y la Unidad Nacional de Protección (UNP) cumplieron con todo lo estipulado para garantizar la seguridad del senador.

En ese sentido, Augusto Rodríguez, director de la UNP, fue citado a entrevista, aunque hasta el momento no se ha concretado la diligencia: “Es cuestión de cuadrar agendas... ya se hizo la solicitud y pues estamos pendientes de los próximos días para escucharlo”, afirmó el general Bolívar en declaraciones recogidas por La FM.

La ausencia de requerimiento oficial se suma a una serie de interrogantes sobre la coordinación de la seguridad y el cumplimiento de los protocolos. La pesquisa incluye también la revisión de si hubo instrucciones especiales para enfrentar eventos como el ocurrido en Modelia y si se asignaron adecuadamente recursos y efectivos policiales al esquema de seguridad.

Otra de las cuestiones abordadas se relaciona con el uso y distribución de los escoltas. “En eso no hay ningún tipo de regularidad. Hace parte del esquema”, señaló el fiscal sobre la práctica de que algunos escoltas se destinen a la protección de la familia del protegido. Sin embargo, la duda persiste sobre por qué, conociendo la ausencia de algunos escoltas, no se solicitó apoyo adicional a la policía local o metropolitana.

El contexto del evento, realizado en un espacio abierto y público, también es objeto de análisis por la vulnerabilidad que implica para figuras político-electorales con antecedentes de amenazas.

Según testigos y declaraciones recogidas por el medio, la seguridad habría resultado insuficiente: “Lo pararon a él en un banquito, en unas canastas ahí, cualquier persona podía acercarse... claramente no estaban tomando las medidas que tomaría con otro candidato con mayores amenazas”, señaló uno de los analistas.

Finalmente, el desarrollo de la investigación también involucra a Augusto Rodríguez, director de la UNP, a quien la fiscalía y la procuraduría han abierto procesos para esclarecer el alcance de sus responsabilidades en la prevención del atentado.

De acuerdo con el reporte, al senador Miguel Uribe se le habría negado, en más de veinte ocasiones durante dos o tres meses, el refuerzo de su esquema de seguridad, a pesar de las reiteradas solicitudes.