En una publicación del 9 de agosto, el exmandatario de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, se refirió a la influencer Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, al cuestionar nuevamente al expresidente Álvaro Uribe con relación a la condena que este recibió en primera instancia.
Sobre el caso, escribió: “¿Por qué EPA Colombia no puede tener celular y Uribe sí?”.
Días atrás, Quintero ya había hecho estos cuestionamientos en contra de Uribe, al señalar que no debería tener “privilegios” ni continuar grabando videos porque “es un criminal”.
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Quintero cuestionó públicamente la diferencia de trato entre la influencer Epa Colombia y el expresidente Álvaro Uribe. Además, afirmó que, en caso de llegar a la presidencia, priorizaría la libertad de la mujer.
“¿Por qué EPA Colombia no puede tener celular y Uribe sí? Como presidente si Dios quiere, me encargaré de buscar la libertad de EPA Colombia”, escribió el exalcalde de Medellín en su publicación.
Junto a su mensaje en la red social X, Daniel Quintero difundió un video en el que se refirió a la situación de Epa Colombia, actualmente detenida en la cárcel El Buen Pastor, y cuestionó la imparcialidad del sistema judicial colombiano.
“EPA Colombia la tienen sin celular en una celda fría de 2 x 2 en el Buen Pastor, mientras Uribe lo tienen con cámara, celular, en una hacienda por cárcel. Nadie me puede decir a mí que en Colombia la justicia es la misma para el que tiene plata que para el que no tiene un peso”, comentó el precandidato presidencial.
En su intervención, Quintero señaló que Epa Colombia y Álvaro Uribe representan, según él, un ejemplo de la desigualdad ante la justicia en el país.
De igual manera, subrayó los beneficios de los que, según Quintero, dispone el expresidente en comparación con las restricciones impuestas a Epa Colombia, quien ni siquiera puede comunicarse con su hija, de acuerdo con sus palabras.
“EPA y Uribe son los mejores símbolos de esa injusticia. Mientras Uribe que trató de manipular la justicia, sobornó testigos, trató de meter a la cárcel a gente inocente, tiene todos los privilegios del mundo, EPA no puede ni siquiera llamar a su hija”, dijo el político paisa afín con el Gobierno de Gustavo Petro.
Al final de su mensaje, el exalcalde de Medellín hizo un llamado a una transformación profunda en el país y propuso iniciar ese cambio con el sistema judicial. “Vamos a resetear la política en Colombia y vamos a empezar por la justicia”, afirmó.
Frente a estas declaraciones, el partido político Centro Democrático respondió con un mensaje en redes sociales, criticando al exalcalde y cuestionando sus señalamientos sobre el expresidente Uribe. “Daniel Quintero, lo único que no se pudo robar en Medellín fue el teléfono de Uribe, que ahora reclama”, expresó el partido en su publicación.
En cuanto al uso de redes sociales, acceso a Internet y teléfonos móviles por parte del exmandatario, mencionado en la publicación de Quintero, el tribunal no impuso restricciones en ese sentido. El exjefe de Estado utilizó sus cuentas en redes para referirse a su proceso legal y mostró gratitud por el apoyo expresado durante las movilizaciones del jueves 7 de agosto en varias ciudades del país.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito dispuso que, dentro de las condiciones impuestas, el detenido no podrá mudarse sin la autorización de las autoridades, deberá presentarse ante las instituciones pertinentes cuando así se le solicite y aceptar visitas de los funcionarios encargados de supervisar su situación de reclusión.
También está obligado a cumplir la sanción impuesta, responder por las compensaciones económicas que se señalen y respetar las normas de seguridad dispuestas por el Inpec.
El documento detalla que todo traslado del domicilio donde se encuentra Álvaro Uribe requiere una aprobación previa del Inpec, y advierte que la falta de acatamiento a estas disposiciones podría resultar en la cancelación de la detención domiciliaria conforme a lo estipulado por la legislación vigente.
Como parte de los requisitos, Uribe presentó una garantía prendaria por un monto igual a cuatro salarios mínimos mensuales legales, sumando $5.800.000, con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
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