Se conocen nuevos mensajes del exministro Ricardo Bonilla en el caso de Ungrd: la exasesora María Alejandra Benavides es pieza clave

Nuevos chats entre el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y su exasesora María Alejandra Benavides han salido a la luz pública y agravan su vinculación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y una serie de contratos presuntamente irregulares.

Estos intercambios, junto con otros documentos, suman 799 páginas y ya reposan en la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con Noticias Caracol.

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La evidencia apunta a que Bonilla, su exviceministro y luego ministro Diego Guevara, y la asesora Benavides habrían conformado un entramado criminal destinado a sobornar a seis congresistas, a cambio de asegurar la aprobación de un cupo de endeudamiento para la nación.

Según los documentos, la operación buscó gestionar “promesas de contratos” a través de la Ungrd, que se materializarían en proyectos para los municipios de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.

El alto tribunal sostiene que estos acuerdos con los legisladores se remontan al 26 de septiembre de 2023 y detallan un proceso estructurado para determinar la retribución acordada.

Un chat clave revelado corresponde a una conversación en la que Benavides, mientras Bonilla estaba en Emiratos Árabes, le pregunta: “¿Está de acuerdo en que el vice Diego atienda a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de la unidad para la gestión del riesgo, pero que salen el otro año?”. A lo que el entonces ministro responde: “Sí, adelanta eso”.

Las investigaciones muestran que el punto crucial de la aceptación de las promesas fue una serie de reuniones informales el 5 de diciembre de 2023 entre Benavides y Guevara, seguidas de un encuentro el 6 de diciembre con el propio Bonilla. Estas citas sirvieron para concretar y ratificar los acuerdos, detalló el mencionado medio.

Los congresistas implicados en la investigación son los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar, y los representantes Julián Peinado, Wadith Manzur, Karen Manrique y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. A estos se les acusa de pactar contratos por más de 90.000 millones de pesos para facilitar la gestión de créditos internacionales, a cambio de sobornos, entre los que figura una cartera que la senadora Bitar habría entregado a Benavides.

Según la Corte Suprema, los involucrados habrían tratado “de manera oculta y sigilosa” estos hechos, borrando mensajes para eliminar evidencias. El caso sigue bajo investigación y compromete a altos funcionarios y congresistas en el actual Gobierno nacional.

Se entregan a la Fiscalía seis implicados en red de corrupción de la Ungrd liderada por César Manrique

La Fiscalía General de la Nación avanza en el esclarecimiento del masivo escándalo de contratos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En las últimas dos semanas, seis personas señaladas como parte de la red de corrupción liderada presuntamente por César Manrique se entregaron, todas con órdenes de captura vigentes. Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda activa de Manrique, señalado de ser uno de los responsables del desvío de fondos estatales y de direccionar contratos multimillonarios.

César Manrique es un exfuncionario público colombiano identificado como uno de los principales operadores de esta red de corrupción en la Ungrd, organización que administra recursos para la atención de desastres en el país. Sin tener puesto formal en la Unidad, la Fiscalía sostiene que Manrique ejerció influencia sobre las contrataciones estatales a cambio de pagos ilícitos, en asociación con funcionarios y particulares.

Su rol como supuesto líder y articulador de la estructura lo mantiene actualmente bajo investigación penal y en condición de prófugo.

El caso toma relevancia por los métodos usados en el manejo de recursos. Según la investigación, Jorge Aristizábal, asesor cercano a Manrique, habría trasladado tres mil millones de pesos en efectivo desde una entidad bancaria hasta los baños aledaños, para entregarlo a un funcionario, como parte de un pago ilícito.

Este episodio es uno de los expuestos en recientes audiencias en las que han surgido detalles sobre el funcionamiento de la red.

Las seis personas capturadas (Ana María Riveros, Sonia Romero, Francisco Estupiñán, Óscar Cárdenas, Édgar Echeverry y Jorge Aristizábal) están señaladas por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. Los hechos investigados giran en torno al desvío de un contrato estatal por 29.000 millones de pesos destinado a la compra de cuarenta carrotanques, favoreciendo a la Fundación Yapurutú entre octubre de 2023 y abril de 2024.

Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño expuso que Manrique, aunque no tenía vínculos contractuales con la Ungrd, habría pactado con el entonces director de la entidad, Olmedo López, el pago de una “coima del 7 por ciento del valor de cada uno de los contratos”. La mayor parte del dinero involucrado se habría movilizado entre familiares y personas de confianza de los implicados, con operaciones que incluyeron el retiro de grandes sumas en efectivo y el uso de testaferros.

Óscar Cárdenas es señalado de estructurar la contratación en La Guajira, favoreciendo a empresarios pertenecientes a la red. Sonia Romero, contratista de la Ungrd, habría suministrado información estratégica para la adjudicación. Por su parte, Édgar Echeverry, exconcejal del Vaupés, figura como representante legal de la fundación beneficiada por la contratación, mientras que Francisco Estupiñán coordinaba las ventas en dicha organización.

En la audiencia, la Fiscalía destacó el papel de Ana María Riveros, quien, bajo instrucciones de su padre Édgar Riveros, también capturado y procesado, gestionó el retiro de fondos y entregó 3.000 millones en efectivo en el centro comercial Gran Estación, supuestamente destinados a Manrique.