En medio de un clima de temor e inseguridad que afecta al occidente del Valle del Cauca, fue asesinado Brayan Saa, un reconocido líder social y promotor turístico de la región, en un nuevo episodio que evidencia la escalada de violencia contra los liderazgos comunitarios en Colombia.
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ya son 96 los líderes sociales asesinados en el país durante 2025.
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El cuerpo de Saa, de 36 años, fue encontrado con múltiples impactos de bala en la zona conocida como la Pata, en la antigua vía al mar que conecta Buenaventura con el interior del departamento.
De acuerdo con las primeras investigaciones, sujetos armados lo sacaron por la fuerza de su vivienda en el corregimiento El Danubio y lo ejecutaron en una zona rural de difícil acceso, complicando las labores de las autoridades para esclarecer el crimen.
John Arley Murillo, líder afrodescendiente del occidente del Valle, expresó a Blu Radio su preocupación por la creciente intimidación a los liderazgos sociales: “Están viendo como un peligro o enemigo los liderazgos que son genuinos. Eso está ocurriendo en nuestra región y la verdad es que estamos en riesgo”.
La Defensoría del Pueblo había alertado sobre esta situación en la Alerta Temprana 036/23, que advertía sobre desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, homicidios selectivos y secuestros que afectan a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, docentes y jóvenes.
Además, en la AT 019/23, la entidad subrayó la amenaza constante que enfrentan los defensores de derechos humanos debido a la imposición de normas y control social por parte de grupos armados ilegales.
En la región operan estructuras como el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y bandas locales vinculadas al narcotráfico, que han intensificado la violencia contra los líderes comunitarios.
En el último mes, Indepaz registró al menos 10 asesinatos similares en los departamentos del Valle y Cauca, atribuidos a represalias de estos grupos armados.
Brayan Saa era un referente en el desarrollo local, con participación activa en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y el consejo comunitario de El Danubio.
Su trabajo en proyectos turísticos y comunitarios buscaba mejorar las condiciones de vida en la región, lo que lo convirtió en objetivo de quienes buscan mantener el control territorial a través del miedo y la violencia.
La Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a los líderes sociales y garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario, mientras que la comunidad exige respuestas efectivas que permitan frenar la violencia y reconstruir el tejido social en una región marcada por la resistencia y la esperanza.
El asesinato de Saa se suma a la lista de víctimas en la disputa por el control de rutas estratégicas y territorios clave para el narcotráfico y otras economías ilegales.
Hasta el momento, la respuesta institucional se ha limitado a reforzar la seguridad en la vía al mar y emitir alertas sobre los riesgos para los líderes sociales, una situación que la comunidad espera cambie con acciones concretas.
Asesinaron a un líder social en Jamundí
El asesinato de Ruhal Martínez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Colombia en Jamundí, refleja la grave situación de violencia y control territorial que enfrentan los líderes sociales en la región.
Martínez fue atacado por hombres armados el 6 de agosto mientras se desplazaba en motocicleta, en un hecho presuntamente premeditado por su oposición a la manipulación de grupos armados ilegales para impedir el ingreso del Ejército.
Este crimen se suma al asesinato reciente de Yeri Edwin Gaitán, presidente de la misma JAC, evidenciando un patrón de violencia contra líderes comunitarios.
En la zona opera el frente disidente Jaime Martínez, que utiliza a miembros de la comunidad para bloquear operaciones militares y consolidar su poder, bajo amenaza de represalias. La comunidad vive un clima de temor, agravado por recientes asonadas contra el Ejército y la retención ilegal de militares.
Organizaciones como la Defensoría del Pueblo e Indepaz han alertado sobre el riesgo constante que enfrentan estos líderes, con Martínez siendo el líder social número 95 asesinado en Colombia en 2025.
La muerte de Martínez simboliza la presión y la coacción ejercidas por grupos armados ilegales que buscan controlar la región, mientras las autoridades enfrentan dificultades para proteger la seguridad e integridad de quienes defienden los derechos y la organización comunitaria.
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