Una compleja red criminal, conocida como Los Mata Siete, fue desarticulada recientemente en la frontera sur de Colombia tras un amplio operativo coordinado entre la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y varias entidades de seguridad.
Esta organización se dedicaba a extorsionar a migrantes mediante la simulación de trámites legales y la venta de documentos falsificados, un modus operandi que no solo afectaba a las víctimas, sino que también expuso la infiltración de la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
El ‘modus operandi’ de Los Mata Siete
La red tenía una forma particular y organizada de operar. Los migrantes, provenientes principalmente de Brasil, Ecuador y otros países, eran contactados al cruzar puntos clave de la frontera, como el Puente Internacional de Rumichaca o al llegar al aeropuerto de Pasto.
Inicialmente, se les ofrecía transporte hacia sus destinos en Colombia y más allá, con la promesa de un tránsito seguro hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Sin embargo, durante el trayecto, los vehículos en los que viajaban eran interceptados por policías que, bajo el pretexto de revisar documentos, exigían dinero para sellar pasaportes y entregar tarjetas andinas de migración falsificadas.
En otros casos, los migrantes eran abordados en puntos estratégicos de la ciudad de Ipiales por individuos que se hacían pasar por agentes de la Policía o de Migración Colombia, ofreciendo la misma transacción ilegal.
Las tarifas para obtener estos sellos y autorizaciones falsas oscilaban entre 100 y 1.500 dólares, siempre bajo la amenaza de deportación inmediata para presionar el pago.
De esta manera, la organización criminal mantenía un esquema que daba apariencia de legalidad al tránsito de migrantes, utilizando documentos fraudulentos que no solo constituyen un delito, sino que además ponían en riesgo a los viajeros con futuras detenciones y procesos judiciales.
Infiltración y complicidad de funcionarios públicos
Lo que hace aún más grave esta situación es la revelación de la participación de funcionarios públicos en la red.
Durante el operativo, fueron capturadas 12 personas, entre las cuales se encuentran cinco policías adscritos a la estación de Ipiales en Nariño.
Además, fiscales, miembros de la rama judicial, alcaldes y otros policías han sido detenidos por su presunta colaboración con estas estructuras criminales.
Este nivel de infiltración evidencia una profunda crisis institucional, donde quienes deberían garantizar la seguridad y el orden se convierten en facilitadores de la ilegalidad.
Ante ello, el Ministerio de Defensa ha subrayado la necesidad de una respuesta más severa y coordinada para combatir no solo a los criminales externos, sino también a aquellos que corrompen desde adentro.
El despliegue para la desarticulación de Los Mata Siete involucró a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la seccional de Inteligencia Policial (Sipol), el Ejército de Nariño y la Policía Nacional.
Además de Ipiales, las investigaciones y capturas se extendieron a otras ciudades como Leticia, Medellín y San Andrés, donde se detectaron rutas clandestinas que conectan Colombia con Estados Unidos a través de diversos puntos, incluyendo Nicaragua.
Durante la tercera semana de julio, se realizaron detenciones adicionales relacionadas con delitos como secuestro y cohecho, lo que demuestra que la red no solo se dedicaba a la extorsión de migrantes, sino que tenía ramificaciones en otras actividades ilícitas.
Los 12 capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, extorsión agravada, simulación de investidura o cargo, uso indebido de sello oficial, fraude procesal y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio.
El juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para siete de los implicados, incluyendo tres policías, mientras que los otros cinco continuarán vinculados a la investigación en libertad.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó en rueda de prensa la política de “tolerancia cero” frente a la corrupción dentro de las fuerzas del orden.
“Nadie, nadie puede tener algún vínculo con la ilegalidad. Nosotros combatimos la ilegalidad, no la promovemos”, afirmó. Además, recordó la existencia de la línea 157, un canal para que los ciudadanos denuncien cualquier acto ilegal relacionado con la fuerza pública.
Sánchez enfatizó que no solo habrá sanciones administrativas, sino también procesos penales para quienes incumplan la ley. “La ley es para todos, y quien se desvíe del camino institucional enfrentará consecuencias”, concluyó.
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