
Las autoridades realizaron capturas en Dosquebradas y Belén de Umbría, Risaralda, de cuatro personas señaladas de cometer irregularidades en el manejo del contrato de fiestas municipales número 2535 de 2022, suscrito durante la administración del exalcalde Diego Ramos Castaño, por $761.842.664.
Los procedimientos incluyeron tres detenciones en Dosquebradas y una en Belén de Umbría, de acuerdo con el informe de las autoridades.
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Entre los aprehendidos figuran Angélica María Raigoza Restrepo, jefe de prensa de la Alcaldía de Dosquebradas en 2022; Natalia Trilleras Giraldo, directora operativa de Cultura en ese periodo; Yolima María Bueno Mendoza, firmante del contrato bajo investigación, y Carlón Londoño Sánchez, actual concejal de Belén de Umbría y propietario de una empresa de eventos vinculada a las festividades.
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También fue capturado Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la fundación Marchando por Colombia.
Las irregularidades
Según la investigación, las autoridades hallaron múltiples anomalías, entre ellas el cobro repetido por alquiler de 500 sillas, facturadas como si se tratara de eventos separados, pagos por luces robóticas y pantallas LED empleadas en eventos diurnos, y desembolsos de 83 millones de pesos a medios de comunicación con evidencia de ejecución por solo 19,1 millones.

Además, se identificaron contrataciones de animadores por 15 millones sin prueba del servicio, y entrega de miles de refrigerios y alimentos sin soportes contables ni constancia de entrega, de acuerdo con documentos conocidos por el diario El Expreso.
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La Fiscalía señaló que el convenio se celebró sin cumplir los requisitos legales, con sobrecostos y pagos carentes de justificación documental.
Los delitos imputados incluyen celebración indebida de contratos y peculado por apropiación, que contemplan hasta 18 años de prisión e igual periodo de inhabilidad para desempeñar cargos públicos.
Fuentes judiciales advirtieron sobre la posibilidad de nuevas capturas a medida que avanzan las investigaciones en torno a la contratación de las fiestas municipales en Dosquebradas. Las audiencias de legalización e imputación de cargos estaban programadas para las siguientes horas.
Embargaron bienes de exalcalde y contratistas por posibles irregularidades en obra vial de Pereira
El Juzgado de Control de Garantías autorizó el embargo de 10 inmuebles y 15 vehículos relacionados con la investigación sobre la construcción de la Avenida Los Colibríes en Pereira.
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Los bienes afectados incluyen parqueaderos, apartamentos, un terreno rural y automotores con blindaje, localizados en Bogotá, Armenia, Leticia, Pereira y Anapoima. La valoración comercial ronda los 3.955 millones de pesos.
Entre los propietarios figuran el exalcalde Carlos Alberto Maya López, el exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado García, el representante de la contratista Carlos Guillermo Suárez Escobar y los interventores José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal.
La Fiscalía General de la Nación busca con esta medida garantizar una eventual reparación económica a favor de la Alcaldía de Pereira, ante la sospecha de un desvío de recursos públicos calculado en 10.814 millones de pesos.
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La investigación se centra en el contrato para una doble calzada de 3,4 kilómetros, iniciado en marzo de 2021 y finalizado en diciembre de 2023, con un presupuesto inicial de 32.037 millones, al que se adicionaron 20.300 millones de pesos. Se documentaron sobrecostos, pagos injustificados y anomalías que generaron un presunto detrimento millonario.
Los implicados enfrentan cargos como falsedad ideológica en documento público, destrucción y ocultamiento de documentos oficiales, peculado por apropiación, contratación sin requisitos legales, obtención de documentos falsos, abuso de autoridad, fraude procesal y prevaricato.
La autoridad trasladó la orden de embargo a oficinas de registro y secretarías de tránsito, para impedir cualquier transferencia de dominio.

El exalcalde Carlos Maya permanece privado de libertad, luego de que un juez confirmara la legalidad de la medida de detención. El dirigente, capturado en junio de 2024, enfrenta el proceso junto a otros exfuncionarios. Las audiencias preparatorias se programaron para finales de julio y determinarán el curso del juicio contra los procesados.
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La polémica obra vial quedó inconclusa y presenta sobrecostos superiores a los 20.000 millones de pesos, lo que provocó reclamos ciudadanos y puso bajo escrutinio la gestión de los recursos públicos asignados al proyecto.
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