Un total de 10 disparos impactaron el lunes 4 de agosto la vivienda de Daimer Quintero y su vehículo blindado en el barrio Verbenal del Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. Pese a que el ataque no dejó heridos, sí se instaló la zozobra en el líder comunal y su familia: pues este se configuró como el quinto ataque sicarial que ha intentado silenciarlo.
Quintero, que nuevamente sobrevivió a un nuevo atentado armado, ahora vive bajo protección oficial, mientras la Fiscalía investiga los hechos y la amenaza persiste.
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A sus 34 años, Quintero preside la Junta de Acción Comunal de su barrio, integra un colectivo ambiental, lidera una asociación de firmantes del acuerdo de paz y ocupa la vicepresidencia de una organización campesina que distribuye tierras en el departamento del Tolima. Además, participa en el Consejo Local de Bienestar y Protección Animal y en el Consejo Local de Derechos Humanos de la Alcaldía de Ciudad Bolívar.
Su activismo, lejos de limitarse a una sola causa, abarca la defensa del territorio, la protección ambiental, la restitución de tierras y la promoción de los derechos humanos. “Recojo las palabras de una lideresa del Cauca que después fue asesinada. Ella decía: ‘Si hablamos, nos matan. Si callamos, nos matan. Pues entonces hablamos’”, relató Quintero en declaraciones recogidas por El Tiempo.
Una hilera de ataques que han quebrado la tranquilidad en su familia
El último atentado ocurrió cuando Quintero regresaba a su casa junto a su esquema de seguridad: al estacionar frente a la vivienda, una ráfaga de disparos alcanzó la camioneta blindada y la fachada de su casa. Tres balas perforaron el vehículo, mientras el resto impactó la casa donde se encontraban su esposa y sus dos hijos.
“Nos resguardamos en la camioneta, que por ser blindada resistió el impacto, y sobrevivimos gracias a eso. Luego salimos hacia el sector de El Paraíso, donde llegaron todas las entidades gubernamentales y organizaciones sociales para el acompañamiento”, dijo Quintero.
Las consecuencias del ataque se extendieron más allá del peligro inmediato. Quintero pasó la noche en vela, gestionó la denuncia ante la Fiscalía y solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el cambio de la camioneta, aún marcada por los agujeros de bala. Finalmente, fue trasladado junto a su familia a una casa de protección, donde permanece bajo custodia oficial.
El impacto emocional es evidente: su hijo menor llora sin consuelo, afectado por el abrupto cambio de entorno: “Aunque entiendo que es por proteger la vida, la familia, especialmente los niños, no pidió vivir esto. El encierro es muy difícil. Un niño no puede estar encerrado todo el tiempo. Aun así, agradezco a las entidades por salvaguardarnos”, expresó el líder.
Un ataque posiblemente conectado con el crimen de otra lideresa
La multiplicidad de frentes en los que trabaja dificulta identificar el origen de las amenazas. Quintero considera que su rol como vocero comunitario, su liderazgo y la defensa de intereses colectivos han incomodado a estructuras ilegales.
El líder social tampoco descartó que el atentado esté vinculado al asesinato de Alba Rocío Riaño, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Verbenal, quien fue víctima de un ataque similar un año atrás. Riaño, también líder barrial, perdió la vida en ese atentado.
Otra hipótesis apunta al proceso de legalización del barrio Verbenal del Sur, que ha incrementado la presencia institucional y generado tensiones con organizaciones ilegales que buscan controlar espacios públicos. “Además, hay personas o estructuras que quieren apoderarse de un espacio público de la comunidad, a lo cual no hemos cedido”, advirtió Quintero.
La Fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar la autoría del ataque. Sin embargo, la falta de avances en los cuatro atentados previos siembra dudas sobre la eficacia de las acciones judiciales.
La situación de Quintero no es aislada: según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), en 2024 fueron asesinados 173 líderes sociales y 31 firmantes del proceso de paz. En lo que va del año, la cifra asciende a 88 líderes y 28 firmantes.
Quintero insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los líderes sociales y hace un llamado al Gobierno Nacional para garantizar el ejercicio de su labor en los territorios. “Hay que denunciar, evidenciar y seguir representando a la comunidad. Hago un llamado a las entidades, al Gobierno Nacional, para que fortalezcan los mecanismos que garanticen que los líderes puedan seguir ejerciendo su labor en los territorios”, concluyó.
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