Demanda contra Isabel Zuleta por ‘tarimazo’ con presos en Medellín fue admitida por el Consejo de Estado

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, enfrenta un nuevo proceso judicial luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda que busca su pérdida de investidura.

La acción fue interpuesta por el abogado William Francisco Quintero Villarreal, quien argumenta que la congresista habría incurrido en un supuesto caso de tráfico de influencias al haber participado en un evento con internos condenados por diversos delitos.

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El acto público, conocido como el ‘tarimazo’, se desarrolló en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, en el marco del evento denominado “Por la Paz Urbana”, organizado por la Presidencia de la República. En la actividad participaron el presidente Gustavo Petro, la senadora Zuleta y personas privadas de la libertad, trasladadas desde centros penitenciarios para asistir al encuentro.

De acuerdo con documentos oficiales, los internos trasladados desde la cárcel La Paz de Itagüí estaban vinculados con estructuras del crimen organizado en Medellín y el Valle de Aburrá.

El desplazamiento fue autorizado, según una resolución, a partir de una solicitud remitida por correo electrónico el 19 de junio bajo el asunto: “Autorización de traslado para participar en acto público con el presidente de la República”, en la que se menciona a Zuleta como promotora del evento.

El traslado se efectuó el 21 de junio a las 12:35 p. m. desde el centro penitenciario, y contó con autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que, frente a los requerimientos sobre quién dio la orden, afirmó:

“El presidente, en su calidad de suprema autoridad administrativa del Inpec, ha formulado, por conducto de la coordinadora delegada para el espacio de conversación, y en articulación con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, solicitudes de traslado”.

La acción jurídica admitida por el Consejo de Estado señala que la participación de la congresista en estos hechos pudo haber implicado el uso de su posición legislativa para influir en decisiones administrativas, lo que constituiría un acto incompatible con las funciones parlamentarias.

El caso también ha derivado en una queja disciplinaria presentada por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, cercano al alcalde Federico Gutiérrez. En su escrito, el concejal sostiene que la senadora “incurre en evidente conflicto de intereses al actuar simultáneamente como delegada del Gobierno y como operadora de sus políticas”.

En el documento remitido a la Procuraduría, De Bedout argumenta que la doble condición de Zuleta —como congresista y gestora de iniciativas del Ejecutivo— “lesiona la autonomía funcional del Congreso y vulnera los artículos 6º, 121 y 133 CP (deber de guardar fidelidad al interés general), así como el principio constitucional de imparcialidad y moralidad administrativa (art. 209 CP) inherente a la función pública”.

La queja disciplinaria solicita al Ministerio Público iniciar un proceso formal para determinar si hubo extralimitación de funciones, uso indebido de la investidura legislativa o perturbación del orden institucional.

Hasta el momento, la senadora no ha entregado declaraciones públicas sobre la admisión de la demanda. Desde el equipo de redacción se intentó obtener una versión oficial, sin que fuera posible establecer contacto con la congresista.

Este caso se suma a otros episodios en los que figuras políticas han sido señaladas por su cercanía con propuestas gubernamentales que involucran gestos hacia sectores armados ilegales o actores judicializados. La senadora Zuleta ha estado vinculada al desarrollo de iniciativas del Gobierno Nacional relacionadas con procesos de diálogo, incluyendo encuentros con personas condenadas que buscan acogerse a programas de sometimiento o transición hacia la legalidad.

El análisis del Consejo de Estado sobre la demanda admitida determinará si la actuación de la senadora constituye una causal para perder su escaño en el Congreso, de acuerdo con las normas de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley 144 de 1994.