La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al menor de 15 años que habría disparado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, durante un acto público el pasado sábado 7 de junio, en el parque El Golfito del barrio Modelia, localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.
La diligencia judicial fue realizada ante un juez especializado en la Ley de Infancia y Adolescencia, quien también será el encargado de adelantar el juicio.
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El joven fue capturado en flagrancia minutos después del ataque, durante una persecución en la que resultó herido por un disparo en la pierna. Posteriormente, fue sometido a una cirugía de urgencia en la Clínica Colombia, y actualmente permanece recluido en una zona especial del Búnker de la Fiscalía, adecuada para su edad y condición.
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Delitos y juicio
El menor fue acusado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De ser hallado responsable, se enfrenta a una pena máxima de ocho años de internamiento en un centro especializado, de acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
A pesar de la acusación, la Fiscalía no descarta la posibilidad de una negociación judicial a través de un principio de oportunidad o un preacuerdo, como lo contempla la ley para menores infractores.
Pruebas claves del atentado
Entre las pruebas principales presentadas por el ente acusador se encuentra el testimonio del escolta de Uribe Turbay, quien relató:
“Comencé a correr tras de esta persona y, una vez se percata, me hace un disparo. Temiendo por mi integridad física, reacciono con mi arma de fuego. Hago tres disparos a esta persona y, aproximadamente a 10 metros, esa persona vuelve a girar y realiza otro disparo”.
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Además, los investigadores establecieron que el arma usada en el atentado, una Glock 9 milímetros, fue modificada para disparar en ráfaga. Según el análisis balístico del CTI, las vainillas recuperadas en el lugar de los hechos estaban recubiertas con bronce y latón, lo que indica que las balas fueron alteradas para causar mayor daño.
Otro hallazgo relevante es que dicha arma fue comprada el 6 de agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos, y fue enviada por partes a Colombia mediante empresas de mensajería.
Red criminal detrás del ataque
El menor no habría actuado solo. Por este atentado ya han sido capturadas cinco personas más, quienes presuntamente integraban la estructura criminal que planeó y ejecutó el ataque. Entre ellos se encuentran:
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- Cristian Camilo González Ardila, conductor de la motocicleta usada en la huida.
- Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela.
- Carlos Eduardo Mora.
- William Fernando González Cruz, alias El Hermano.
- Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado como cabecilla de la red criminal.
Según la declaración de Gabriela, alias El Costeño tenía un plan para asesinar al menor sicario tras el atentado. “Me dijo que iba a quitarse la cola”, relató la joven de 19 años, en referencia a que planeaba eliminar al adolescente y a los demás implicados. La joven también aseguró que fue obligada a huir a Florencia (Caquetá) por temor a ser asesinada.
La reacción oportuna del esquema de seguridad de Uribe Turbay habría impedido que este plan se concretara. De hecho, los escoltas lograron salvar la vida del menor, quien quedó registrado en videos disparando contra el senador.
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Irregularidades y fuga de testigo clave
El caso judicial no ha estado exento de contratiempos. La Procuraduría General de la Nación denunció la evasión de un menor de 17 años, quien sería testigo clave por haber participado en las reuniones de planificación del atentado. El adolescente estaba bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero logró evadir la custodia en un Centro de Emergencia.
“La PGN manifiesta su rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay”, expresó la entidad en su cuenta oficial. Además, solicitó acciones urgentes para ubicar al menor y garantizar el curso de la investigación.
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