Cerca de 10.000 habitantes del centro poblado de Belén, jurisdicción del municipio de La Plata, en el departamento de Huila, viven una grave situación humanitaria, debido a las amenazas e intimidaciones constantes del grupo armado ilegal autodenominado frente Hernando González Acosta, perteneciente a las disidencias de las Farc.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advierte sobre el inminente riesgo de confinamiento de esta población rural debido al accionar de este grupo insurgente.
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El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que recibieron reportes preocupantes durante un reciente Puesto de Mando Unificado (PMU) de seguimiento. En ese espacio, la Defensoría Regional del Pueblo alertó sobre los altos niveles de constreñimiento, amenazas y restricciones impuestas por el frente guerrillero a la comunidad civil.
De acuerdo con lo explicado por Casallas, la población está siendo intimidada, amenazada y presionada para limitar su movilidad y cerrar sus comercios. Se está generando una situación de miedo colectivo que puede desembocar en un confinamiento masivo. El funcionario también informó sobre recientes enfrentamientos armados en la zona limítrofe entre Huila y Cauca, donde opera esta estructura disidente.
Según el reporte de la Gobernación, los habitantes del centro poblado de Belén fueron obligados a cerrar sus locales comerciales en horarios impuestos por el grupo armado, así como a restringir sus movimientos nocturnos.
Disidencias presionaron a campesinos para forzar la salida del Ejército
Además, las autoridades confirmaron que el grupo armado estaría intentando expulsar a la fuerza pública de la zona, utilizando a la población civil como herramienta de presión. Según denuncias del Comando de la Novena Brigada del Ejército Nacional, el 2 de agosto se presentó un grave incidente en la vereda Belén, donde campesinos habrían sido instrumentalizados por los disidentes para enfrentar a las tropas que realizaban operaciones de control territorial.
El coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada, explicó que los insurgentes exigieron a los pobladores salir al paso de los militares, bajo amenaza y presiones económicas.
“Obligan a los campesinos a que salgan, enfrenten a los soldados y les impidan la libre movilidad con la intención de expulsar a los soldados de este sector rural. Al principio llegaron aproximadamente 50 civiles y se mantuvo un diálogo cordial, pero en horas de la noche, debido a esta presión, el número aumentó a más de 150 personas”, precisó el oficial.
Según lo reportado por el coronel, pese a que no hubo agresión física, la actitud por parte de los pobladores fue desafiante, producto del miedo sembrado por estos grupos armados.
El Ejército Nacional respondió con prudencia, evitando cualquier confrontación con los civiles e intensificando las labores de inteligencia y patrullaje con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Un reconocimiento aéreo permitió evaluar con mayor detalle la situación táctica en el área sin poner en riesgo la integridad de la comunidad.
El frente Hernando González Acosta intensificó su accionar delictivo en los últimos meses en la región del suroccidente huilense. Según información de inteligencia, esta estructura estaría involucrada en actividades de extorsión, reclutamiento forzado, control social armado y amenazas sistemáticas a líderes comunales, todo esto con el fin de establecer su dominio territorial y operar libremente en zonas estratégicas de movilidad hacia el Cauca.
Frente a esta crítica situación, las autoridades departamentales anunciaron el refuerzo de las medidas de seguridad en la zona con la presencia de más unidades del Ejército y la Policía Nacional.
Por su parte, el Ejército Nacional condenó enérgicamente la manipulación de la población civil como táctica de guerra, una práctica prohibida por el Derecho Internacional Humanitario.
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