En un nuevo episodio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el abogado defensor de Sneyder Pinilla, Luis Gustavo Moreno Rivera, publicó un comunicado a la opinión pública en el que denunció intentos de soborno, presiones e intimidaciones dirigidas a su cliente y a él mismo, con el propósito de alterar su testimonio ante la justicia.
“La verdad incomoda, pero silenciarla sería traicionar la justicia”, comienza el comunicado firmado por Moreno el 3 de agosto de 2025, en Bogotá, y que marca un punto de quiebre en el manejo judicial del caso.
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En el documento, Moreno revela que, como parte de su labor como defensor, participó activamente en una operación legal y coordinada con la Fiscalía General de la Nación, en la que se documentó un acto ilícito cuyo objetivo era obstruir la justicia y comprar el silencio de su defendido.
“No fue una decisión improvisada ni motivada por intereses personales”
Moreno explicó que la decisión de colaborar con el ente acusador y facilitar la grabación del intento de soborno no obedeció a un interés particular, sino a una convicción ética y jurídica.
“Fue el resultado de un profundo compromiso con los principios que deben guiar a quienes ejercemos el derecho penal: la búsqueda de la verdad material, la protección del debido proceso y la lucha contra la impunidad”, subrayó el jurista en su declaración.
Además, Moreno destacó que haber hecho parte de una operación para denunciar un delito que pretendía sepultar la verdad, sin duda, fue y es lo correcto, lo cual reafirma su papel como abogado comprometido no solo con la defensa de su cliente, sino con la justicia misma.
El defensor también fue enfático al solicitar al Estado colombiano, y particularmente a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo, que se activen de manera urgente medidas de protección tanto para Sneyder Pinilla como para él mismo, dada la gravedad de los hechos denunciados.
La publicación del comunicado no fue un hecho aislado. Se dio a conocer horas después de que se revelara un video que muestra cómo dos exfuncionarios, el exsubdirector de la UNGRD Luis Carlos Barreto y el exdirigente político Édgar Riveros, intentaron sobornar a Pinilla para que modificara su versión ante la justicia sobre los contratos irregulares por más de $13.000 millones.
Moreno, actuando bajo instrucciones de la Fiscalía, se reunió con los implicados en el piso 19 del Hotel Double Tree by Hilton en Bogotá, donde fue grabada la propuesta de soborno. El operativo fue monitoreado en tiempo real por agentes del CTI, y el abogado portaba dispositivos ocultos para registrar la evidencia, que más tarde permitiría las capturas de Barreto y Riveros.
El ofrecimiento fue claro: un 5% de los contratos adjudicados para obras en La Guajira, equivalentes a 3.000 millones de pesos, a cambio de que Pinilla dejara de cooperar con la justicia. Según Moreno, los implicados esperaban que su intervención como defensor ayudara a sellar ese acuerdo, lo que finalmente fue utilizado para desenmascarar la maniobra ilícita.
Un llamado a garantizar la vida y la verdad
El abogado finalizó su carta subrayando la importancia de garantizar la seguridad de quienes, como Pinilla, deciden colaborar con la justicia en un caso que implica a altos funcionarios del actual Gobierno y contratistas de gran influencia.
“Solicito de manera urgente al Estado colombiano la activación de medidas de protección para el señor Sneyder Pinilla y para quien suscribe este comunicado”, concluye el escrito.
Este pronunciamiento fortalece la posición de Pinilla como testigo clave y pone de manifiesto el riesgo que enfrentan quienes denuncian redes de corrupción estructural en entidades del Estado. La evidencia revelada no solo compromete a exfuncionarios y contratistas, sino que deja al descubierto el uso del poder público como herramienta para intereses ilícitos, afectando gravemente la función administrativa.
A medida que avanza la investigación, la intervención del abogado Moreno se convierte en una pieza central del proceso judicial, al exponer cómo operaban las presiones sobre los testigos y al reiterar la necesidad de que el sistema judicial actúe con firmeza y garantías suficientes para proteger la verdad.
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