Invías denunció intento de fraude en Santander: inescrupulosos estarían pidiendo vehículos a nombre de la entidad

El Instituto Nacional de Vías (Invías) activó un nuevo nivel de alerta ante un intento de suplantación de identidad perpetrado por medio de mensajes falsos enviados por WhatsApp.

Según explicaron en Blu Radio, el supuesto remitente “ingeniero Willian Rivera” exigía a alcaldías del departamento la entrega de vehículos tipo turbo y camionetas 4×4, supuestamente para ejecutar actividades contempladas en un convenio identificado como 03897‑041, convenio que no existe en los registros oficiales.

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Los textos buscaba legitimarse mediante referencias técnicas (tipo de vehículos, número de convenio), pero la entidad ya confirmó que no reconoce dicho convenio ni conoce a ninguna persona con ese nombre en su nómina, por lo que la petición carece absolutamente de validez jurídica o administrativa.

Desde las sedes regionales y nacionales del Invías se emitió un pronunciamiento público que comienza con un enérgico: “¡Atención, Santander!”.

El comunicado insiste en que todas las comunicaciones oficiales se realizan únicamente a través de correos con dominio @invias.gov.co. Además, se recalca que ningún funcionario está autorizado para pedir vehículos, dinero o recursos por fuera de los canales legales y públicos; cualquier solicitud por redes o chat debe ser rechazada y denunciada.

De igual forma, se reitera que la suplantación de identidad no solo impide acciones fraudulentas, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, afectando la cooperación administrativa de entidades como Invías.

No es la primera vez que buscan suplantar a Invías

Aunque este caso fue reportado por primera vez en Santander, Invías ya había advertido anteriormente acerca de campañas de suplantación similares en otras regiones del país, tanto por WhatsApp como mediante correos electrónicos y anuncios no oficiales.

En esas ocasiones también se hacían ofertas falsas de empleo o esquemas supuestamente funcionales con la entidad.

Y es que la suplantación institucional es parte de una tendencia global de fraude digital que involucra desde cuentas falsas de correo hasta perfiles de redes sociales clonados. En Colombia, según la Fiscalía y organismos de ciberseguridad, el uso del nombre de entidades estatales para engañar a alcaldías y contratistas ha venido en aumento durante 2025.

Así mismo, es importante mencionar que un solo mensaje puede causar desconfianza en las formas más elementales del control social y administrativo. Las alcaldías podrían recibir amenazas a su reputación si actúan con base en solicitudes fraudulentas, sin considerar que su procedencia es externa e ilegal. Además, el daño reputacional al Invías puede retrasar proyectos reales de infraestructura o entorpecer procesos comunitarios vitales para zonas rurales.

A raíz de ello, las entidades públicas toman medidas cada vez más estrictas. El Invías ya anunció auditorías internas adicionales a la cadena de comunicaciones y llamó la atención al Ministerio de Transporte sobre la necesidad de reforzar los canales oficiales y la verificación de identidad entre sus funcionarios y aliados regionales.

‘Smishing’ es cada vez más común en Colombia

Y es que en Colombia, el smishing (combinación de SMS y phishing) se ha convertido en una amenaza digital creciente. Este tipo de fraude se concreta mediante el envío de mensajes de texto que aparentan provenir de entidades confiables —como bancos, empresas, o la Dian— e incluyen solicitudes urgentes o enlaces maliciosos que conducen a sitios fraudulentos o instalan malware en el dispositivo móvil.

Por ejemplo, Noticias RCN reportó un notable pico de casos en torno a junio de 2025, cuando muchas personas recibieron la prima salarial y fueron blanco de mensajes que simulaban ser pagos pendientes, premios o verificaciones bancarias, invitando a actuar con premura.

A su vez, entidades oficiales como la Dian han denunciado que falsos avisos de embargo enviados por SMS no tienen relación con sus canales legítimos y carecen de autoridad legal, enfatizando que nunca solicitan datos personales ni financieros por ese medio.