Iván Duque impulsa tutela para que Uribe permanezca en libertad durante proceso de apelación: “Necesaria y urgente”

El expresidente Iván Duque sugirió en las horas de la mañana del sábado 2 de agosto de 2025 el uso de una acción de tutela para asegurar que Álvaro Uribe Vélez continúe su proceso judicial en libertad hasta agotar todos los recursos legales.

En un mensaje divulgado en su cuenta de X, Duque planteó “una acción de tutela con el respaldo de millones de colombianos es necesaria y urgente, porque, basado en la jurisprudencia y la presunción de inocencia, la defensa en libertad debe operar hasta que se agoten todos los recursos disponibles en un caso como este”.

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La propuesta surgió en el contexto de la condena de doce años de prisión domiciliaria que dictó la jueza Sandra Heredia el 1 de agosto de 2025, en contra del líder del Centro Democrático y exmandatario colombiano, tras hallarlo responsable de fraude procesal y soborno a testigos.

Además de la pena privativa de libertad, la jueza impuso una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años, con la orden de detención inmediata para Uribe.

La defensa de Uribe y sectores afines consideran que la decisión resulta desproporcionada y sostienen que aún resta la instancia de apelación.

 La reacción de Duque incluyó un pronunciamiento adicional: “La presunción de inocencia, la comparecencia juiciosa a todo llamado de la justicia, el rigor de su defensa y la demostración de la cadena de irregularidades procesales, sumado a la solicitud de exoneración del Ministerio Público y su apelación al fallo, al igual que la ausencia de una sola prueba que valide una condición de determinador, son suficientes para que Álvaro Uribe se siga defendiendo en libertad y demostrando su inocencia”.

El expresidente reiteró su respaldo político y personal a Uribe, afirmando que “los colombianos sabemos que Uribe es inocente; él lo ha demostrado y lo debe seguir demostrando en libertad”.

Por su parte, Uribe manifestó durante la audiencia que la jueza le negó el derecho a permanecer en libertad, y señaló que la sentencia tiene “un sesgo político” y que “este es un fallo que excede lo jurídico y que va contra la ética, la moral y contra las normas”.

El equipo jurídico del exmandatario, de 73 años, anunció que interpondrá la apelación respectiva ante el Tribunal Superior de Bogotá, instancia que deberá pronunciarse antes de octubre.

En el proceso, Uribe enfrenta señalamientos promovidos por el senador Iván Cepeda sobre presuntos vínculos con grupos paramilitares, acusaciones que el expresidente siempre ha negado. Uribe mantiene que la actuación judicial ha estado plagada de irregularidades y que agotará las vías de defensa que otorga la ley.

La discusión en torno a la aplicación de tutela se suma al debate nacional sobre el equilibrio entre el principio constitucional de presunción de inocencia y la ejecución de decisiones judiciales provisionales.

El mecanismo de tutela permitiría a un juez constitucional analizar si las actuaciones del proceso han lesionado derechos fundamentales, en especial el debido proceso y la libertad individual antes de una condena definitiva. El escenario mantiene divididos a los sectores políticos y jurídicos, que ahora esperan el avance de la apelación y la posible respuesta de los tribunales superiores.

Uribe enfrentó a la jueza Heredia por hablar de sus hijos

Durante la audiencia que confirmó su condena a 12 años, Álvaro Uribe responsabilizó a la jueza Sandra Heredia de excederse en su fallo y defendió la inocencia de su familia.

Luego de que Heredia se refiriera a una posible “falta de gallardía” por parte de los hijos de Uribe, el expresidente le advirtió: “No se meta con mi familia”.

Reclamó que la jueza le ha tratado “de la peor manera”, añadiendo: “Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”.

En su defensa, señaló que la condena obedece a una decisión política: “Este es un fallo dictado por sectores de arriba que hace cinco años me pusieron preso, y está determinado por una acción política que involucra al presidente de la República, a su figura más importante en el Senado, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia”.