La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre los riesgos que representan los señalamientos y campañas de desprestigio contra los jueces en Colombia, en medio de la controversia nacional por la condena a 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La funcionaria advirtió que “los señalamientos en contra de jueces pueden llevar a ataques violentos en contra de los servidores judiciales, como ha ocurrido en el pasado”, y llamó a la ciudadanía y a los líderes políticos a no estigmatizar ni presionar a los operadores de justicia.
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Marín fue la primera directora de un órgano de control en pronunciarse tras conocerse el fallo, emitido por la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que encontró culpable a Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
“Invitamos a las partes procesales, a los líderes políticos y a la opinión a confiar en la justicia, a respetar y no estigmatizar a una jueza que ha hecho su trabajo con rectitud y transparencia. Hacerlo es respetar el Estado de derecho. La forma en que actuemos hoy define nuestra fortaleza, nuestro talante democrático. Démosle paso a la justicia”, afirmó la defensora.
La sentencia contra el exmandatario incluyó una multa de 3.444 millones de pesos y su captura inmediata, al concluir que se manipularon testigos para favorecer al líder del Centro Democrático en procesos relacionados con el paramilitarismo.
El fallo desató una oleada de reacciones políticas y sociales: expresidentes iberoamericanos denunciaron ante la ONU y la OEA una supuesta violación de derechos humanos, mientras familiares de Uribe calificaron la decisión como una persecución política.
Frente a la polarización, Marín subrayó que “estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional”.
Recordó que Colombia ha sufrido en el pasado episodios de violencia contra jueces y fiscales, víctimas de amenazas, ataques e incluso el exilio, muchas veces como resultado de señalamientos infundados.
“La independencia no es un privilegio para funcionarios y funcionarias judiciales, sino una garantía esencial para todas las personas. Es lo que permite que estas decisiones se adopten con imparcialidad, sin presiones ni intimidaciones que debiliten la confianza de la sociedad en la justicia”, señaló.
La defensora también destacó que, pese a las dificultades y la impunidad generalizada, jueces y fiscales han sostenido sus procesos con independencia: “Se la han jugado por llevar los procesos sin presiones y permitir que sea el derecho expresado en la decisión de los jueces el que dirima los innumerables conflictos que tenemos en torno a la verdad en nuestra historia”.
Posteriormente, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado adicional, reafirmando la independencia y la autonomía de su labor en los territorios.
“No participamos nunca, de ninguna manera, en actividades operativas o de inteligencia de organismos del Estado. Nuestro mandato constitucional de carácter humanitario, civil e independiente de las autoridades de Gobierno, especialmente las policiales y militares”, se lee en el texto.
El comunicado también hizo un llamado a las autoridades de Policía y Fuerzas Militares “a respetar la autonomía de nuestra labor y a no comprometer nuestra independencia en declaraciones que insinúen indebidamente el involucramiento de la Defensoría en actuaciones propias de la Fuerza Pública”.
La Defensoría subrayó que continuará trabajando “con firmeza y responsabilidad en los territorios, al lado de las comunidades, contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la construcción de paz desde la defensa de los derechos humanos”.
La condena de Uribe Vélez
La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredía, ordenó la captura inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez al imponerle una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La decisión, según la jueza, busca preservar la convivencia pacífica y la confianza ciudadana en la justicia, evitando que personas condenadas permanezcan en libertad cuando ya no gozan de presunción de inocencia.
El fallo concluyó que Uribe determinó a emisarios para manipular testigos en centros penitenciarios con el fin de que se retractaran de declaraciones que lo vinculaban con el paramilitarismo.
Además de la prisión, se le impuso una multa de 2.420 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 8 años y tres meses.
El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que revisará la sentencia en segunda instancia y podría confirmarla o revocarla.
La condena ha generado una fuerte polarización política y pronunciamientos internacionales, convirtiéndose en un hecho sin precedentes al ser la primera vez que un expresidente colombiano es sentenciado por manipulación de la justicia.
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