El fallo del Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal generó un intenso debate público.
La jueza Sandra Heredia, responsable del caso, impuso además una multa de 1.612,5 salarios mínimos mensuales e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 100 meses y 20 días.
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Por su parte, la defensa de Uribe anunció que presentará recurso de apelación tras conocer la sentencia. Su caso marcó un precedente: es la primera vez que la justicia ordinaria colombiana condena a un exmandatario.
El alcance de la noticia trascendió fronteras. María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos, calificó la decisión como un “intento de persecución” desde el Gobierno de Gustavo Petro y defendió la figura de Uribe.
“A Álvaro Uribe no le perdonan haber derrotado a las Farc, haberle devuelto la seguridad al pueblo colombiano y haber salvado a la nación del secuestro, la extorsión y el terror. Le devolvió a Colombia la esperanza, el orden y el progreso. Gobernó con firmeza, visión y amor por su patria. Por eso millones lo llaman, con razón, el gran colombiano”, expresó vía X.
Además, lanzó duros señalamientos contra el presidente Petro, a quien tildó de “ladrón y terrorista” y de querer destruir el país.
“Hoy, un desgobierno encabezado por Petro, quién es un ladrón, un marxista, y un terrorista, intenta borrar su legado con persecuciones y una jueza corrupta al servicio de la extrema izquierda. Pero Uribe no está solo. Colombia entera sabe quién es quién.La historia ya lo juzgó: Uribe es el patriota que salvó a Colombia. Petro, la amenaza que quiere destruirla”, detalló en la publicación.
Reacciones del mundo político nacional
En el ámbito nacional, miembros de distintos sectores políticos se pronunciaron. El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, hizo referencia a la naturaleza del proceso judicial:
“12 años de prisión para Álvaro Uribe, podrá pagarlos en casa por cárcel y no, no es persecución política, nadie lo denunció: él mismo quiso una vendetta contra Iván Cepeda y por el camino cometió los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”.
Alberto Benavides Mora, senador de la misma colectividad, definió la decisión como “histórica”. A través de sus redes sociales afirmó: “Colombia entra en una nueva etapa, donde el miedo retrocede y la vida avanza. El poder también debe responder”.
Asimismo, la congresista Alexandra Vásquez consideró que “la justicia habló y estuvo por encima de los poderes económicos y políticos”, y resaltó sobre el proceso: “Queda demostrado que el senador Iván Cepeda siempre dijo la verdad y fue una víctima en este entramado que querían montar en su contra”.
Por parte del uribismo, las críticas al fallo y los cuestionamientos políticos no se hicieron esperar. El expresidente Iván Duque publicó un video en el que aseguró que “se violaron tratados de derechos humanos y no hay una sola prueba que justifique una condena. Uribe es inocente”.
Además, informó sobre la solicitud de observación internacional de 28 exmandatarios del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea) y Libertad y Democracia ante lo que consideraron “graves irregularidades” en el proceso.
La precandidata presidencial Paloma Valencia sugirió una motivación política detrás de la sentencia: “¿Empieza a materializarse un golpe político para sacarlo de la contienda electoral cuando su popularidad se dispara? Así como a Miguel lo sacaron con un atentado. Dicen que le darán detención domiciliaria... queda muy clara la intención política de sacarlo de la campaña”.
Añadió: “Uribe ha demostrado su absoluto respeto por la justicia, ha comparecido siempre, hasta la juez así lo ha reconocido”.
El representante José Jaime Uscátegui acusó a Iván Cepeda y Eduardo Montealegre de ser “los principales promotores de la justicia ‘vengativa’ contra Uribe. Esto a todas luces es un acto de venganza”.
¿Álvaro Uribe Vélez podría salir del país tras su condena en primera instancia?
Sobre la posibilidad de que Álvaro Uribe salga del país mientras avanza el proceso, la jueza estableció que deberá permanecer en detención domiciliaria, lo que le impide abandonar el territorio nacional.
El penalista Francisco Bernate explicó que “a partir de las 3 de la tarde, el expresidente Uribe no puede abandonar el territorio nacional, en la medida en que, incluso, no puede salir de su propia casa”.
Bernate anticipó que el Tribunal deberá fallar la apelación en la primera quincena de octubre. El proceso ante la Corte podría extenderse hasta mediados de 2027. Señaló que “el proceso ya no terminará por vencimiento de términos”.
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