La exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, junto a Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez Montoya, representante legal de Colombia Avanza, ya recibieron acusaciones formales por parte de la Fiscalía General de la Nación por supuestas anomalías en la adjudicación de un contrato durante la administración de Daniel Quintero Calle.
La investigación se centró en el direccionamiento y manejo de recursos asignados a la atención en educación a los infantes.
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De acuerdo con la entidad investigadora, se formularon los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
El pliego de acusaciones expuso que durante el proceso de contratación solo participaron empresas con evidentes nexos entre sí, obviando la pluralidad de oferentes exigida por la ley.
Así lo señala el ente acusador al identificar que el representante de la firma Impulsando a mi País mantuvo previamente una relación laboral con Colombia Avanza, lo que apunta a posibles conflictos de interés.
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La audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo durante las horas de la tarde del jueves 31 de julio de 2025.
Durante una diligencia que se prolongó por cerca de cuatro horas, la Fiscalía General de la Nación procedió a leer el escrito de acusación ante el juez encargado del caso. Al finalizar esta sesión, el proceso se aplazó para el 2 de octubre como nueva fecha para reanudar la audiencia, programada entre las 8:00 y las 12:00, confirmó Blu Radio.
En lo referente a la selección de oferentes, la Fiscalía argumentó que Colombia Avanza integró la base de oferentes del ICBF poco tiempo antes de la firma del contrato, en diciembre de 2019, y fue adjudicataria de un contrato muy superior a su capacidad inicial: mientras solo podía gestionar hasta 1.000 salarios mínimos mensuales, terminó recibiendo uno de 23.000 salarios mínimos, un criterio que el organismo de control califica de irregular.
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El proceso vinculó directamente a Lina María Gil, quien realizó la invitación formal a Colombia Avanza y definió los costos de los paquetes alimenticios tras cotejar precios en supermercados minoristas, en vez de acudir a distribuidores mayoristas.
Según la acusación, este proceder impidió que la administración lograse la mejor relación de costo y beneficio para el Estado.
La indagación reveló, además, que mientras los anteriores operadores del programa aportaban parte de los recursos, el contrato con Colombia Avanza implicó que la corporación recibiera “un beneficio del 7%”.
Si bien gran parte del objeto contractual incluía tareas logísticas de entrega y almacenamiento, esas actividades se cubrieron con personal y espacios de la administración municipal, como el Inder y Plaza Mayor, lo que repercutió en gastos innecesarios para el erario.
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Así fue la polémica de Buen Comienzo
Fue la veeduría Todos por Medellín fue la denunciante. De acuerdo con la información disponible en su página web, este caso fue descubierto entre el 2020 y el 2021. De hecho, la denuncia se presentó en el mes de marzo del 2021.
“Con ella (la denuncia) se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la posible celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en el contrato celebrado entre la Corporación Colombia Avanza y el Municipio de Medellín para la prestación de los servicios de suministro de paquetes de alimento y atención a los niños y niñas entre cero y dos años que hicieron parte del programa Buen Comienzo en el 2020″, se lee en la información oficial.
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“En las investigaciones que adelantó la Fiscalía, con base en el informe de la Contraloría Distrital de Medellín para la vigencia 2020, se determinó la posible comisión del delito de peculado por apropiación por dos mil setecientos millones de pesos, expresados en el incumplimiento de la relación técnica y en sobrecostos en los paquetes de alimentos”, agregó la sección informativa del movimiento de control ciudadano.
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