La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el martes 29 de julio de 2025 la puesta en marcha de un plan integral para robustecer institucional y presupuestalmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La instrucción se estableció con el fin de acelerar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y ofrecer una respuesta oportuna a sus familias, tras evidenciar un rezago forense que actúa como obstáculo estructural para los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
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La decisión se formalizó mediante el Auto SAR AI-040 de 2025, luego de una audiencia en la que participaron autoridades nacionales y locales, así como organizaciones de víctimas. En el documento, se expuso el déficit de infraestructura, la escasez de personal especializado, la precariedad en equipos y la sobrecarga institucional como factores críticos que afectan la capacidad de Medicina Legal para enfrentar el volumen de cuerpos por identificar.
El diagnóstico coincide con los datos oficiales: desde la adopción de la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada, la Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal ha intervenido 25 sitios, donde se exhumaron 1.891 cuerpos, 200 fueron identificados y 128 entregados dignamente a sus familias.
Sin embargo, la infraestructura forense es insuficiente para la magnitud del desafío que hace parte del compromiso adquirido de verdad durante la creación de la justicia transicional.
JEP determinó nuevas medidas y fuentes de financiación
El programa ordenado por la JEP contempla el diseño e implementación de un plan que refuerce las capacidades técnicas, operativas, institucionales y físicas de Medicina Legal. Uno de los ejes principales será la creación de una subcuenta específica dentro del Fondo Colombia en Paz para canalizar recursos nacionales e internacionales frente a proyectos estratégicos del área forense.
El Fondo deberá integrar a Medicina Legal en sus mesas técnicas y reportar trimestralmente a la JEP los avances alcanzados.
Además, tendrá la responsabilidad de garantizar que los recursos asignados se destinen exclusivamente a proyectos prioritarios en fortalecimiento forense, facilitando la articulación entre entidades públicas y la cooperación internacional para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan integral.
Instituciones departamentales y nacionales fueron conminadas a cumplir órdenes de la JEP
La orden del tribunal especial también incluyó a entidades departamentales en Cundinamarca, y establece que la Gobernación deberá entregar un inventario de sedes disponibles para habilitar laboratorios provisionales de genética y antropología, esto mientras se construyen y se ponen en funcionamiento las instalaciones definitivas.
Entre las prioridades que deben ser adoptadas por el departamento se destaca que se debe avanzar en el proyecto del Centro de Identificación Humana en Soacha, cuya ejecución será liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en un plazo no mayor a tres años.
También en el plano regional, la JEP también dispuso medidas diferenciales en Buenaventura, donde la Alcaldía y el Ministerio del Interior deben reportar los progresos en la construcción de una nueva sede de Medicina Legal en agosto de 2025; y Norte de Santander, donde se revisará una propuesta de cofinanciación planteada por la Gobernación del Choco para el fortalecimiento del Instituto en esa región.
Ya en el nivel nacional, para fortalecer la infraestructura de reconocimiento forense, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) facilitará la asignación de bienes en extinción de dominio que serán evaluados por Medicina Legal para determinar su grado de utilidad.
Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior tendrá que conformar una mesa técnica con el Instituto para asesorar propuestas que puedan presentarse al Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia (Fonsecon), con lo que aumentarían así las posibilidades de obtener financiación adicional.
En paralelo, el Ministerio de Justicia será responsable de liderar la creación de un grupo permanente en el Sistema Nacional de Búsqueda para asegurar la sostenibilidad del Instituto más allá de coyunturas políticas.
El fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal, según la JEP, es considerado un requisito estructural para cumplir con el mandato de paz y responder a las víctimas del conflicto armado colombiano y, asimismo, con el principio de verdad adoptado como un compromiso de ese tribunal mediante los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Estado y las extintas Farc.
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