La jueza Sandra Liliana Heredia necesitó casi once horas para leer el sentido del fallo en uno de los procesos judiciales más seguidos del país. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que llevaba años moviéndose entre decisiones judiciales y controversias políticas, cerró una etapa clave esta semana. El exmandatario fue hallado culpable de dos delitos graves —fraude procesal y soborno en actuación penal— y absuelto por otro, el de soborno simple.
Durante la audiencia, que se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad y gran atención mediática, la jueza presentó el análisis de pruebas y testimonios recogidos a lo largo del proceso, y escuchó también las intervenciones tanto de la Fiscalía como de la defensa. Fue entonces cuando se conoció la solicitud de pena, 108 meses de prisión (nueve años) y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes.
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La sentencia, sin embargo, aún no está en firme. El abogado Jaime Granados, que lidera la defensa de Uribe, informó que esperarán a conocer el contenido completo del fallo, que se hará público después del 1 de agosto, para interponer la apelación. En su comunicado confirmaron que acudirán ante el Tribunal Superior de Bogotá y, si es necesario, recurrirán en casación ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia penal en el país.
El proceso podría estar contra el reloj. Algunos analistas judiciales advirtieron que, según los tiempos procesales, el caso podría precluir o caducar el 16 de octubre, aunque aún no hay certezas sobre los plazos que manejará la Rama Judicial.
Los delitos por los que fue condenado Uribe
El fallo de la jueza Heredia dejó en firme la responsabilidad del expresidente en dos delitos tipificados en el Código Penal colombiano:
- Fraude procesal (culpable): este delito se configura cuando un sujeto manipula, oculta o altera hechos o pruebas con el objetivo de desviar el curso de la justicia. La conducta busca que un juez o servidor público tome decisiones alejadas de la verdad. En este caso, según la jueza, Uribe habría sido determinador de un entramado de acciones destinadas a alterar versiones testimoniales para favorecerse judicialmente.
- Soborno en actuación penal (culpable): este cargo se refiere al ofrecimiento de beneficios —económicos o de otro tipo— a un testigo involucrado en un proceso penal para que mienta o calle ante la justicia. La acusación señaló que Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, ambos exparamilitares y testigos clave, fueron contactados para modificar sus versiones. El abogado Diego Cadena fue identificado como quien realizó los acercamientos, pero, de acuerdo con el fallo, actuó bajo la “idea e influencia” del expresidente Uribe, que habría sido el determinador o autor material.
- Soborno simple (absuelto): en este punto, el juzgado decidió absolver a Uribe. Se trataba de una acusación relacionada con un presunto soborno a la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Niño Farfán, fuera del marco de una actuación penal. La jueza Heredia concluyó que no había pruebas suficientes para sostener esta acusación.
“Desde siempre, Uribe Vélez optó por defenderse, tanto en su influencia en la reunión sostenida entre Niño Farfán y el fiscal general de la Nación, como de su carencia de intervención en el traslado carcelario. De manera que no podía inferirse una violación del derecho de defensa desde ninguna de sus vertientes (...) En conclusión, el excelso ejercicio probatorio logró acreditar un hecho que no fue imputado y con vicios de licitud”, indicó Heredia.
Por ahora, el caso entra en una nueva etapa. Uribe, quien ha reiterado públicamente su inocencia, se enfrenta a una posible condena de cárcel en un proceso que marcó un precedente jurídico e histórico en Colombia. Nunca antes un expresidente había sido hallado culpable por delitos cometidos después de dejar el poder y relacionados con maniobras para manipular la justicia.
El futuro de este proceso dependerá de los tiempos judiciales, de la solidez de la apelación, y de la eventual revisión por parte de la Corte Suprema. Mientras tanto, el país sigue observando de cerca un caso que no solo involucra al hombre que gobernó Colombia entre 2002 y 2010,también reabre el debate sobre la independencia judicial, el poder político y la verdad en los estrados.
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