Alfredo Saade salió en defensa de Gustavo Petro por supuesto indulto que le habrían otorgado al Presidente: “Uribe miente”

El expresidente Álvaro Uribe presentó una carta que, según indicó, demuestra que el actual presidente Gustavo Petro sí fue indultado tras su paso por el grupo guerrillero M-19.

Uribe hizo pública la misiva un día después de que Petro negara haber recibido ese beneficio jurídico. El documento revela un comunicado oficial de la época en el que se certifica el indulto para los integrantes del M-19, incluido Petro.

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El intercambio se produjo en medio de una serie de declaraciones cruzadas sobre el pasado guerrillero del presidente.

Durante varios días, Petro afirmó que no había recibido indulto al integrarse a la vida civil, mientras que sectores políticos le exigían mayor claridad sobre su situación judicial al momento de la desmovilización del M-19 a finales de los años ochenta.

La divulgación de esta carta por parte de Uribe busca confrontar la versión de Petro y ha generado nuevas discusiones sobre los procesos de paz y la posterior carrera política de los antiguos miembros del M-19.

En medio de los intercambios en redes sociales, Alfredo Saade, jefe de Despacho de la Presidencia, apareció en X, antes Twitter para asegurar que el expresidente miente. En su reciente publicación fue contundente el escribir “Uribe Miente”, junto con un documento con el que asegura que Petro no ha sido indultado.

“Se estableció que el señor Petro Urrego no ha sido Amnistiado o indultado por el Gobierno Nacional, es decir, que al citado señor no le fueron concedidos los beneficios jurídicos que establecieron las citadas normas”, dice la parte que resalta Saade en su publicación.

<b>La carta que divulgó Uribe y avivó la controversia política</b>

Álvaro Uribe publicó la copia de una carta firmada por Gustavo Petro, en la que el actual presidente solicitó un certificado judicial para poder tomar posesión como congresista.

Petro argumentó en el documento que en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) aún aparecían órdenes de captura activas en su contra, señalando que estas anotaciones estaban cubiertas por un indulto. En la carta, Petro escribió: “Solicito un certificado donde conste que no estoy solicitado por dichos juzgados de acuerdo al indulto proferido de acuerdo a ley por el tribunal sobre el caso del Palacio de Justicia”.

Uribe acompañó la publicación con un mensaje en el que sostuvo: “Otra mentira del Presidente Petro, me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario”, asegurando que el documento prueba que el mandatario reconoció haber recibido el beneficio jurídico.

El intercambio público entre ambos líderes se intensificó cuando Uribe desafió a Petro a aclarar el origen de unos recursos recibidos “en oscuras bolsas”, someterse a un examen toxicológico y renunciar al indulto. Petro negó haber sido indultado y respondió: “No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso sí me torturaron siete días”. También rechazó las acusaciones sobre el dinero y sostuvo que la Corte Suprema lo exoneró, reiterando la invitación para acudir junto con Uribe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en busca de un “pacto de la verdad”.

Este cruce de declaraciones se dio mientras avanzaba el proceso judicial que terminó en la declaración de culpabilidad de Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos.

El fallo, emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, marcó un hecho histórico en Colombia, pues convirtió a Uribe en el primer expresidente condenado en juicio. Todo esto ocurre a pocos meses de una nueva contienda electoral, amplificando el choque político entre dos de las figuras más influyentes del país y reubicando el pasado guerrillero de Petro en el centro del debate público.

La audiencia, que se extendió por cerca de diez horas, se desarrolló en un ambiente político tenso y a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, en las que varios aliados de Álvaro Uribe aspiran a la presidencia. El caso inició en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente conspirar para vincularlo con grupos paramilitares.

Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema concluyó que Cepeda actuó dentro de sus funciones parlamentarias y que, en cambio, Uribe habría presionado a testigos, lo que dio origen a la acusación formal. Durante la diligencia, Uribe intervino por videollamada junto a su abogado Jaime Granados, quien sostuvo que apelarán la sentencia por considerarla errónea.

La jueza Sandra Liliana Heredia explicó que la decisión completa abarca unas mil páginas y que cada cargo implica penas de entre seis y doce años de prisión.