Abogado de Nicolás Petro pidió excluir la confesión en la que admitió recibir dinero de forma irregular por falta de formalización judicial

Durante la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República y exdiputado del Atlántico, su defensa legal solicitó el miércoles 30 de julio que se excluyan del proceso judicial varias pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación.

Entre ellas destacan las declaraciones que el acusado entregó tras su captura en julio de 2023, en las que admitió haber recibido dinero de origen irregular. El abogado defensor, Alejandro Carranza, argumentó que estas declaraciones se entregaron dentro de un proceso de principio de oportunidad que nunca fue formalizado ante un juez competente.

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Por lo que, según lo estipulado en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, no pueden ser utilizadas como prueba en juicio. “Debe protegerse la no autoincriminación”, afirmó el jurista, señalando que Nicolás Petro se retractó posteriormente de lo dicho y que su colaboración no fue legalizada por un juez.

“El artículo 324 del Código de Procedimiento Penal ha establecido que las manifestaciones hechas por el imputado o acusado en el desarrollo de un principio de oportunidad y colaboración, que no sea aprobado por un juez competente, no podrán ser usadas como prueba de cargo en contra de esa persona en juicio”, detalló.

En su intervención ante el juez, Carranza insistió en que admitir estas declaraciones vulneraría el debido proceso y los derechos fundamentales del acusado. En este sentido, hizo un llamado a excluir también todas aquellas pruebas que deriven o tengan relación con dicha confesión inicial, incluyendo testimonios de terceros, análisis financieros y reportes de llamadas telefónicas.

El abogado también pidió que se inadmitan los informes de contexto financiero elaborados por los investigadores Víctor Forero Cortés y Juan Camilo López Linares. De acuerdo con la defensa, estos funcionarios no son contadores ni expertos en finanzas, y sus análisis carecen del rigor técnico necesario para ser considerados válidos en un juicio penal.

Además, señaló que los informes mencionan a miembros de la familia de Nicolás Petro, incluido su padre, el presidente Gustavo Petro, que goza de fuero presidencial, por lo que cualquier implicación indirecta sería jurídicamente improcedente.

“No se puede admitir, su señoría, una prueba que busque hablar de la familia de Nicolás, porque dentro de la familia de Nicolás está el presidente de la República, y hacer eso va a afectar el juicio. No se puede. Esa prueba, su señoría —como la solicitó la Fiscalía General de la Nación—, en mi criterio, de forma muy respetuosa, es una prueba ilegal. No tiene competencia, porque —sabemos— es de público conocimiento”, manifestó el representante legal.

Carranza subrayó que la Fiscalía pretende introducir un número excesivo de pruebas —alrededor de 2 millones— para sustentar un presunto incremento patrimonial de 800 millones de pesos. En su opinión, muchas de estas pruebas son “repetitivas, superfluas e inútiles”.

Entre las pruebas cuestionadas se encuentran certificaciones bancarias, reportes de movimientos financieros, cruces de información de cuentas, y registros de llamadas solicitadas a los operadores de telefonía móvil.

Asimismo, solicitó la exclusión de testimonios “de oídas” o entregados por terceros que no fueron testigos directos de los hechos. De acuerdo con su intervención, tales testimonios no tendrían peso probatorio suficiente y podrían inducir al juez a una valoración sesgada o basada en conjeturas.

Otro punto crítico de la defensa fue la inclusión de material audiovisual. Carranza indicó que muchos de los vídeos y declaraciones que pretende presentar la Fiscalía no han sido sometidos a verificación legal y no cuentan con una cadena de custodia validada, por lo que su uso en juicio sería irregular y vulneraría el mismo Código Penal.

Finalmente, la defensa fue enfática en que no se puede construir un caso penal sólido sobre bases procesales frágiles. La Fiscalía aún no ha respondido oficialmente a las solicitudes de exclusión de pruebas presentadas por la defensa. Se espera que el juez tome una decisión en los próximos días sobre la admisibilidad o no de los elementos probatorios en disputa.