La imagen de una pelea callejera en el centro histórico de Cartagena ha encendido el debate público tras viralizarse en redes sociales.
El video, que ha circulado ampliamente, muestra cómo una mujer, al parecer en situación de calle, arremete contra un hombre que, según testigos, sería funcionario de Distriseguridad.
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La escena se intensifica cuando la mujer, tras un primer altercado, se aproxima a otro presunto funcionario y le propina varios golpes en la cabeza, para luego retirarse hacia un banquillo, donde continúa manifestando su enojo con gestos y palabras.
El incidente ocurrió en la malana del martes 29 de julio, cuando la mujer golpeó al hombre con lo que parecía ser un zapato. La reacción del presunto funcionario fue inmediata: le lanzó un puño en el rostro que la derribó al suelo.
La contundencia de la respuesta quedó registrada en el video, que rápidamente se difundió en plataformas digitales, alimentando la controversia sobre el uso de la fuerza y la gestión de situaciones de conflicto en el espacio público.
La reacción de la mujer no se limitó al primer enfrentamiento. Tras reincorporarse, se dirigió hacia otro individuo, también señalado como funcionario, y le asestó varios golpes en la cabeza.
La secuencia evidencia un clima de tensión y descontrol, en el que la intervención de los presentes no logró contener la escalada de violencia.
Finalmente, la mujer se alejó hacia un banquillo, desde donde continuó expresando su molestia de manera verbal y gestual, lo que prolongó la atención de los transeúntes y de quienes grababan la escena.
¿Qué dijeron las autoridades?
“La actuación del contratista corresponde a un hecho personal que no representa los principios, valores ni el compromiso institucional de Distriseguridad con la ciudadanía”, afirmó de manera categórica la entidad en un comunicado oficial.
Esta declaración, emitida tras la circulación de un video en redes sociales donde se observa a un miembro de la Brigada Cívica de Distriseguridad agrediendo físicamente a una mujer habitante de la calle, marca el punto de inflexión en la respuesta institucional ante el incidente.
El Distrito de Cartagena anunció la inmediata desvinculación del responsable, una decisión que, según el director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, no admite justificación alguna.
En palabras del funcionario, “vamos a proceder inmediatamente a desvincularlo, sin excusa alguna. Esto no se puede hacer, no es la forma de manejarlo. Se comportó de forma inadecuada. Vamos a avanzar para que este tipo de circunstancias se manejen dentro de protocolos y de forma civilizada”.
Esta postura, recogida en la comunicación oficial y reiterada en el comunicado institucional, destaca la voluntad de la administración de establecer límites claros frente a conductas que vulneran la dignidad de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La reacción de Distriseguridad no se limitó a la desvinculación del agresor. La entidad enfatizó que el contratista ha sido apartado de toda actividad operativa y de contacto con la comunidad mientras se desarrolla la revisión de los hechos y se adelantan las actuaciones correspondientes. De este modo, la administración busca garantizar que la investigación se lleve a cabo sin interferencias y que se adopten las medidas necesarias para evitar la repetición de situaciones similares.
En paralelo, el Distrito de Cartagena activó una ruta de atención integral para la mujer agredida. A través de la Oficina de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Social, con el acompañamiento del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), la víctima será incorporada al Programa Integral de Atención al Habitante de Calle.
Este programa contempla atención psicosocial, médica y acompañamiento institucional, con el objetivo de restablecer los derechos y la dignidad de la persona afectada.
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