Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, se pronunció este martes para desmentir los rumores que indicaban que habría huido del país ante la inminente imputación que enfrenta por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
“Dígale a las barras bravas del uribismo y a los morbosos de algunos medios que vivo en la sabana y hago vida de barrio, buen día”, aseguró Bonilla en un mensaje dirigido a Semana, en el que enfatizó que no ha salido de Colombia desde que renunció al ministerio el pasado 4 de diciembre.
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El exfuncionario indicó que permanece en su domicilio, reconocido por las autoridades, y que ha atendido todos los llamados judiciales.
En un gesto para reafirmar su voluntad de colaborar con la justicia, la defensa de Bonilla entregó al Tribunal Superior de Bogotá su pasaporte y demás documentos de viaje.
Esta acción busca evidenciar que no representa un riesgo de fuga, ya que el exministro y su familia dependen únicamente de su pensión como profesor universitario, sin otros ingresos ni patrimonio significativo.
Además, la defensa solicitó una audiencia para pedir autorización judicial con el fin de obtener un informe oficial de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Este reporte confirmaría la ausencia de recursos que le permitan a Bonilla establecerse fuera del país, reforzando la idea de que no tiene intención ni capacidad para evadir a la justicia.
El proceso en contra de Bonilla se encuentra en un punto crítico, pues la Fiscalía General formalizó recientemente el principio de oportunidad firmado con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Benavides, quien enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos, se convirtió en testigo clave al revelar un entramado que involucra a más de 39 personas, incluidos senadores y representantes a la Cámara.
Según se conoció, Bonilla habría favorecido a congresistas de la Comisión de Crédito Público para que respaldaran los intereses del Gobierno en el Congreso, hecho que será parte central en la imputación que enfrenta.
Pese a la presión mediática y judicial, el exministro reiteró su disposición para colaborar y mantenerse en Bogotá para responder a la investigación.
“¿Dónde queda la sabana?”, preguntó en tono irónico, subrayando que lleva una vida normal en la ciudad y no tiene motivos para abandonar el país.
Con la entrega del pasaporte y la solicitud del informe de la Uiaf, Bonilla y su defensa buscan fortalecer su postura de transparencia y compromiso con la justicia en medio del escándalo de corrupción que sacude la Ungrd.
El testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, se convirtió en pieza clave del escándalo de corrupción que compromete a altos funcionarios del Gobierno.
Según un acta de colaboración firmada el 17 de julio de 2025, Pinilla relató que desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Ricardo Bonilla, se ejerció presión para acelerar la adjudicación de contratos destinados inicialmente a diciembre de 2023.
Pinilla aseguró que el 31 de enero de 2024 recibió una llamada de María Alejandra Benavides, asesora del Viceministerio General de Hacienda, quien le advirtió que el ministro Bonilla estaba molesto por el retraso de los procesos contractuales.
A su juicio, esta gestión buscaba destinar recursos a “temas de Congreso”, es decir, proyectos que aseguraran el respaldo legislativo a las iniciativas del Ejecutivo de Gustavo Petro, especialmente la ampliación del cupo de endeudamiento de la Nación.
El exfuncionario, condenado por concierto para delinquir y peculado, busca un principio de oportunidad que lo exonere de otros cinco delitos.
A cambio, ofreció pruebas sobre una estructura ilegal integrada por funcionarios del Gobierno, contratistas y congresistas.
Según su versión, se asignaron contratos en municipios como Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar) con el propósito de pagar sobornos mediante obras e interventorías.
Pinilla también señaló que Bonilla aprobó una adición presupuestal de $700.000 millones para la Ungrd en septiembre de 2023, lo que habría facilitado el esquema de corrupción.
Sostuvo que recibió múltiples llamadas y mensajes del ministro exigiendo celeridad para evitar que “se cayeran los créditos de la Nación”.
Además, involucró al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien presuntamente intercedió para favorecer un contrato en Sahagún (Córdoba).
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